La Municipalidad de Villa Allende comenzará a
implementar en febrero un sistema de cierres nocturnos en calles secundarias,
tras un fallo judicial que avaló la instalación de portones como medida
excepcional ante el aumento de la criminalidad.
La resolución de la Cámara Contencioso
Administrativa de Primera Nominación consideró que el plan es “razonable y
proporcional al fin perseguido, que es la seguridad pública”, validando así una
estrategia que no cuenta con antecedentes similares en la provincia de Córdoba.
El intendente Pablo Cornet defendió la iniciativa, enmarcada en el “Programa
integral de prevención del delito y seguridad vecinal”, argumentando que el 60%
de los robos en la localidad ocurren durante la noche. “No responde a una
decisión política o ideológica, sino a una solución práctica y excepcional
frente al incremento de la inseguridad”, explicó el jefe comunal, quien
recientemente fue víctima de un asalto en su propia vivienda.
El esquema inicial prevé la colocación de
quince portones en los barrios Pan de Azúcar y Lomas Sur, con restricciones de
circulación entre las 22 y las 06 horas bajo custodia de personal municipal.
Cuestionamientos a la medida
Pese al aval judicial, la medida generó fuertes
cruces con sectores de la oposición y grupos de vecinos que presentaron amparos
colectivos. La concejal Marta Banegas
cuestionó el enfoque al sostener que “en vez de llevar adelante políticas de
inclusión se llevan adelante políticas de segregación y eso es peligroso”.
Los demandantes, por su parte, advirtieron que
el cierre de vías públicas vulnera derechos fundamentales como la libre
circulación y la igualdad ante la ley, además de señalar la falta de estudios
técnicos que demuestren la eficacia de estas barreras.
El programa municipal contempla también la
instalación de 300 cámaras de vigilancia y el refuerzo de patrullajes con ocho
nuevos móviles para crear corredores seguros. Si bien la Justicia determinó que
la restricción es parcial y se fundamenta en la emergencia de seguridad
declarada en 2023, los vecinos afectados ya confirmaron que apelarán el fallo,
por lo que la validez definitiva del sistema de portones quedará supeditada a
una instancia judicial superior.
