El jefe de Gabinete de Córdoba se hizo eco del proyecto aprobado por el Senado de la Nación. “Es muy difícil ver que los propios representantes de nuestra provincia voten en contra de los cordobeses”, apuntó el funcionario provincial.
El magistrado Alejandro Sánchez Freytes dispuso también un embargo por $70 millones de pesos. A su vez, rechazó el pedido de detención elevado por la fiscalía.
Declaró inexistente un préstamo obtenido mediante una maniobra fraudulenta y ordenó devolver las cuotas descontadas, indemnizar a la clienta y pagar una multa civil. El fallo destacó la obligación de los bancos de detectar operaciones sospechosas, incluso cuando se utilizan credenciales válidas.
