Maykol Rodrigo Challapa (35) llevaba unos 10 años prófugo
de la Justicia. Sobre él pesaba una denuncia de “explotación laboral y abuso
sexual” en perjuicio de una chica de 17 años, la cual junto a su pareja Marleni Mamani Cussi (34), trajeron
desde Bolivia –los tres son de ese país- a San Francisco con la promesa de
darle un buen trabajo. Sin embargo, una vez en nuestra ciudad su vida fue un
calvario.
La captura
de Challapa fue librada el 23 de febrero de 2015, luego de la que la víctima –hoy
de 27 años- decidiera contar lo que venía sufriendo. Y en los últimos días, la
fiscal federal de San Francisco, María
Marta Schianni, decidió su procesamiento y que quede en prisión preventiva,
ante la posibilidad de fuga.
Quien era
su pareja en ese entonces, Mamani Cussi, no pudo huir en ese momento y fue
parte de un extenso proceso judicial con vaivenes que terminó meses atrás con su condena. El Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba capital, le impuso seis
años y medio de prisión por los delitos de trabajo forzoso, tráfico ilegal de
personas y facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros (estos últimos
agravados por tratarse la víctima de una menor de edad).
Explotación,
abusos y denuncia
La pareja
tenía en 2014 un comercio de indumentaria en San Francisco. Con la promesa de
darle trabajo, en septiembre de ese año trajeron a su víctima desde Oruro,
Bolivia, la que se alojó en su casa. Inmediatamente la menor comenzó a cumplir
tareas en la tienda pero a comienzos del mes de febrero de 2015, agobiada por
lo que estaba viviendo, habló mediante Facebook con una amiga que había hecho
en la ciudad y le contó que era explotada laboralmente y además había sido
abusada. Así recibió ayuda.
La
denuncia derivó en un allanamiento en la vivienda en donde residían las tres
personas -junto al hijo de 8 meses de edad de la pareja en ese entonces-
ordenado por la Justicia Federal de San Francisco. Mamani Cussi fue detenida,
no así Challapa, que se fugó del país.
Diez años
después, detenido y procesado
Según pudo
saber Up, Challapa fue detenido en
diciembre del año pasado en provincia de Santa Fe. Días después fue indagado y
negó las acusaciones, pero no aportó mucho más. A mediados de enero de este
2026, Schianni lo procesó y le dictó prisión preventiva.
Según la
acusación, el hombre “captó mediante un ofrecimiento de trabajo engañoso,
trasladó y acogió con fines de explotación laboral a la entonces menor de edad
JDAP, con aprovechamiento
de la situación de vulnerabilidad de la víctima, y finalmente consumó la
explotación en el local de venta de ropa Rodri-Mar, sito en Iturraspe 1859, y
un domicilio ubicado en Aristóbulo del Valle al 200, ambos de San Francisco”. El
salario era tentador: U$S 250 mensuales.
Al ser
menor, su madre firmó la autorización para viajar desde Bolivia, acompañada por
Challapa y Mamani Cussi. Los investigadores determinaron que como la víctima no
tenía documento pero sí su hermana gemela, la madre autorizó la salida de
Bolivia de la primera, pero con el DNI de la segunda. Su padre ya había
fallecido para esa oportunidad.
“Llegada,
JDAP fue abusada sexualmente por Maykol Rodrigo Challapa, maltratada por éste y
su
pareja,
y obligada a trabajar en extensas jornadas, tanto en el local de venta de ropa como
en el domicilio donde residían, sin percibir salario alguno. Además, la víctima
se encontraba limitada por los nombrados para establecer vínculos y/o contactos
con terceros, inclusive con su propia madre. Tampoco recibía una alimentación
adecuada ni atención médica por problemas de salud, le impedían tener cualquier
tipo de privacidad y disponer libremente de dinero”, destaca el expediente de
procesamiento.
La situación
de la pareja de Challapa
Mamani
Cussi fue absuelta en 2016 por el tribunal, el Oral Federal N° 2 de Córdoba
capital, por el delito de trata de personas, explotación laboral, tráfico de
personas y facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros. Contra esa
decisión, el Ministerio Público apeló y la Cámara Federal de Casación Penal
anuló la resolución. Ordenó un nuevo juicio, que se realizó en forma abreviada en
2025.
La
imputada había sido extraditada en enero de ese año a la Argentina procedente
de Bolivia. Reconoció los hechos y su participación delictiva, y finalmente
recibió seis años y medio de prisión.
El juez subrayó
que la víctima en sus declaraciones manifestó que “pertenecía a ellos” y que se
sentía “su esclava”, circunstancias que fueron debidamente comprobadas en el
proceso judicial.
