Maykol Rodrigo Challapa (35) llevaba unos 10 años prófugo
de la Justicia. Sobre él pesaba una denuncia de “explotación laboral y abuso
sexual” en perjuicio de una chica de 17 años, la cual junto a su pareja Marleni Mamani Cussi (34), trajeron
desde Bolivia –los tres son de ese país- a San Francisco con la promesa de
darle un buen trabajo. Sin embargo, una vez en nuestra ciudad su vida fue un
calvario.
La captura de Challapa fue librada el 23 de febrero de 2015, luego de la que la víctima –hoy de 27 años- decidiera contar lo que venía sufriendo. Y en los últimos días, la fiscal federal de San Francisco, María Marta Schianni, decidió su procesamiento y que quede en prisión preventiva, ante la posibilidad de fuga.
Quien era su pareja en ese entonces, Mamani Cussi, no pudo huir en ese momento y fue parte de un extenso proceso judicial con vaivenes que terminó meses atrás con su condena. El Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba capital, le impuso seis años y medio de prisión por los delitos de trabajo forzoso, tráfico ilegal de personas y facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros (estos últimos agravados por tratarse la víctima de una menor de edad).
Explotación, abusos y denuncia
La pareja tenía en 2014 un comercio de indumentaria en San Francisco. Con la promesa de darle trabajo, en septiembre de ese año trajeron a su víctima desde Oruro, Bolivia, la que se alojó en su casa. Inmediatamente la menor comenzó a cumplir tareas en la tienda pero a comienzos del mes de febrero de 2015, agobiada por lo que estaba viviendo, habló mediante Facebook con una amiga que había hecho en la ciudad y le contó que era explotada laboralmente y además había sido abusada. Así recibió ayuda.
La denuncia derivó en un allanamiento en la vivienda en donde residían las tres personas -junto al hijo de 8 meses de edad de la pareja en ese entonces- ordenado por la Justicia Federal de San Francisco. Mamani Cussi fue detenida, no así Challapa, que se fugó del país.
Diez años después, detenido y procesado
Según pudo saber Up, Challapa fue detenido en diciembre del año pasado en provincia de Santa Fe. Días después fue indagado y negó las acusaciones, pero no aportó mucho más. A mediados de enero de este 2026, Schianni lo procesó y le dictó prisión preventiva.
Según la acusación, el hombre “captó mediante un ofrecimiento de trabajo engañoso, trasladó y acogió con fines de explotación laboral a la entonces menor de edad JDAP, con aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima, y finalmente consumó la explotación en el local de venta de ropa Rodri-Mar, sito en Iturraspe 1859, y un domicilio ubicado en Aristóbulo del Valle al 200, ambos de San Francisco”. El salario era tentador: U$S 250 mensuales.
Al ser menor, su madre firmó la autorización para viajar desde Bolivia, acompañada por Challapa y Mamani Cussi. Los investigadores determinaron que como la víctima no tenía documento pero sí su hermana gemela, la madre autorizó la salida de Bolivia de la primera, pero con el DNI de la segunda. Su padre ya había fallecido para esa oportunidad.
“Llegada, JDAP fue abusada sexualmente por Maykol Rodrigo Challapa, maltratada por éste y su
pareja,
y obligada a trabajar en extensas jornadas, tanto en el local de venta de ropa como
en el domicilio donde residían, sin percibir salario alguno. Además, la víctima
se encontraba limitada por los nombrados para establecer vínculos y/o contactos
con terceros, inclusive con su propia madre. Tampoco recibía una alimentación
adecuada ni atención médica por problemas de salud, le impedían tener cualquier
tipo de privacidad y disponer libremente de dinero”, destaca el expediente de
procesamiento.
La situación de la pareja de Challapa
Mamani Cussi fue absuelta en 2016 por el tribunal, el Oral Federal N° 2 de Córdoba capital, por el delito de trata de personas, explotación laboral, tráfico de personas y facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros. Contra esa decisión, el Ministerio Público apeló y la Cámara Federal de Casación Penal anuló la resolución. Ordenó un nuevo juicio, que se realizó en forma abreviada en 2025.
La imputada había sido extraditada en enero de ese año a la Argentina procedente de Bolivia. Reconoció los hechos y su participación delictiva, y finalmente recibió seis años y medio de prisión.
El juez subrayó que la víctima en sus declaraciones manifestó que “pertenecía a ellos” y que se sentía “su esclava”, circunstancias que fueron debidamente comprobadas en el proceso judicial.
