Luego de varios hechos de amenazas registrados en al menos tres colegios de San Francisco, donde aparecieron pintadas anunciando un supuesto “tiroteo”, la fiscalía de la ciudad avanza con las investigaciones.
En este
marco, el sábado a la mañana, el personal de la Sección Investigaciones de la
Departamental San Justo llevó a cabo un procedimiento en barrio Plaza San
Francisco, donde lograron identificar a la presunta responsable, tratándose de
una menor de edad.
Además secuestraron algunos elementos de
interés para la investigación, por lo que la fiscalía de 4to turno tuvo avances
en torno a uno de los casos registrados, aunque por el momento no se brindaron
más detalles.
Los responsables deberán pagar el operativo de seguridad
El Gobierno
de Córdoba implementará un nuevo protocolo que obliga a quienes generen falsas
amenazas de tiroteo en escuelas a afrontar los costos de los operativos de
seguridad que esas situaciones demandan.
La medida,
formalizada por el Ministerio de Seguridad, establece que los gastos
ocasionados por intervenciones policiales, brigadas especiales, bomberos y
áreas de investigación serán reclamados a los padres o adultos responsables de
los menores identificados e imputados por la Justicia.
A partir de
ahora, toda intimidación pública, amenaza o falsa alarma que implique el
despliegue de recursos del Estado no solo tendrá consecuencias penales, sino
también un recupero económico de los costos operativos.
Procedimiento
El procedimiento prevé que, una vez identificados los responsables, se cuantifiquen los recursos humanos y materiales utilizados en cada intervención.
Con esa
información, el Estado avanzará con la intimación de pago y, de ser necesario,
con acciones judiciales.
“Cada
operativo de estas características moviliza personal policial, móviles,
sistemas de emergencia, tareas investigativas y recursos tecnológicos,
afectando capacidades que deberían estar destinadas a la prevención del delito
en otros puntos de la provincia”, explicó Juan Pablo Quinteros.
El
funcionario remarcó que no se trata de hechos menores, sino de conductas que
alteran el normal funcionamiento escolar, generan angustia en estudiantes,
docentes y familias, y obligan a una respuesta inmediata del Estado.
El
protocolo se implementará en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, la
Policía de Córdoba y las áreas administrativas correspondientes.
“Cada vez
que alguien realiza una falsa amenaza en una escuela, se activa un importante
dispositivo estatal. Se movilizan efectivos, unidades especiales y sistemas de
emergencia que deberían estar cuidando a los vecinos en otros puntos de la
provincia. Eso tiene un costo, y ese costo no puede seguir recayendo sobre toda
la sociedad”, enfatizó el ministro.
