En un encuentro
celebrado el viernes pasado en Rosario, y en su primer documento público, la Mesa de Acción Política del Partido Justicialista de la
provincia de Santa Fe señaló que es “inaceptable convalidar la alteración y
uso arbitrario del reglamento que establece el proceso tanto para la elevación
de los pliegos como las impugnaciones a los mismos”.
En ese sentido, el
documento consigna que “el Ejecutivo envió a la Legislatura la terna para
integrar la flamante Cámara de Ejecución Penal y dos de esos pliegos –los
correspondientes a la fiscal de Rosario Valeria Haurigot y su par de Venado
Tuerto Horacio Pueyrredón– fueron impugnados debido a que en el concurso de
selección ambos habían sido reprobados por el tribunal evaluador”.
El escrito agrega:
“Para conformar la terna de esa flamante institución, creada en enero pasado,
el Ejecutivo –y esto es lo más preocupante– eligió a dos postulantes que
inicialmente reprobaron el examen de idoneidad, es decir, no superaron las
pautas de evaluación”.
En otro párrafo, la mesa
política se pregunta si “con esta decisión no se quiebra la institucionalidad”.
Y acto seguido ensayan una respuesta: “El gobernador, en forma
antirreglamentaria, autoriza la revaluación de los postulantes Pueyrredón y
Haurigot, en una clara maniobra que viola leyes provinciales básicas. De tal
modo, cuando se envía a la Legislatura el pliego con los «elegidos» por el
mandatario se altera no sólo el orden de mérito sino la igualdad ante la ley”.
El texto expone que
el rechazo de los pliegos se justifica en “un claro apartamiento de las reglas
del concurso” y en “graves fallas en el proceso de selección al incorporarse
–con palmaria arbitrariedad y fundamentación aparente– a los postulantes”. Por
ello, aducen que la caída de ambos pliegos “favorece
la transparencia, la vigencia del principio de igualdad entre los postulantes y
el respeto del control de legalidad de los actos de gobierno”.
El justicialismo
provincial le solicita al Ejecutivo “que se garanticen la transparencia,
institucionalidad e idoneidad a la hora de realizar las mencionadas
designaciones” y que siga “los procedimientos que se han cumplido a lo largo de
los mandatos de todos los gobiernos que precedieron al actual, cualquiera fuera
su signo político”.
La dirigencia
peronista se pregunta si el gobernador “está en conocimiento de que estas
propuestas están quebrando la institucionalidad. Porque este es un principio
valorado por todos los santafesinos a lo largo de su historia”.
Preocupación por la
reforma previsional
Asimismo, el
comunicado del PJ remarcó: “En concordancia con el respeto a la
institucionalidad, nos preocupa el impacto que tiene para con los trabajadores
y trabajadoras en general la reforma previsional, y el impacto económico que la
misma tendría en los trabajadores, tanto del sector público como del privado”.
En otro tramo del
documento, la dirigencia del PJ sostiene que “el déficit de la Caja de
Jubilaciones de Santa Fe no puede recaer sobre las espaldas de quienes
trabajaron y aportaron durante décadas. Mucho menos si en esta coyuntura se
sufre la injusticia del incumplimiento de la Nación respecto de la financiación
del sistema previsional”.
Finalmente, se
remarca que “no es posible pensar en una sociedad más justa e igualitaria, por
ejemplo, elevando la edad de jubilación de las mujeres por encima de los 60
años. No se condice con una mirada democrática ajustar a los más vulnerables”.
El texto concluye
así: “Con un afán constructivo y propositivo, instamos al Ejecutivo a seguir
garantizando la institucionalidad de la provincia como valor trascendente, más
allá de partidismos o cuestiones coyunturales”.
