Este lunes 4 de mayo, a las 11, las escalinatas de
Tribunales 1 de Córdoba serán el escenario de una protesta y movilización
masiva. El objetivo: exigir celeridad, que no se licúen los bienes y que la
justicia alcance a los “partícipes necesarios” que aún caminan libres por las
calles de Córdoba.
En San Francisco y zona hay cientos de damnificados que
pagaron por su casa.
Según explican los damnificados, la estructura de Márquez y
Asociados no sería un traspié financiero, sino la evolución de una “escuela de
la estafa”: los protagonistas ya operaban años atrás con el Grupo Red (planes
de ahorro para autos y electrodomésticos) bajo la misma lógica: captar ahorros,
ilusionar con cuotas accesibles y desviar fondos para gastos personales.
Lo que más indigna a quienes pusieron hasta el último peso
es la ostentación de la “segunda generación”. María Eugenia Piscitello, una de
las damnificadas que lidera el reclamo, es tajante: “Mientras a mí me estafaron
el 70% de lo invertido y me dejaron una estructura a pedazos, vemos en redes a
los hijos de los directivos exhibiendo carteras de 2.700 dólares, estadías en
hoteles de lujo como el Marlene Beachside y emprendimientos nuevos que
sospechamos se bancan con nuestra plata”.
Aunque la cúpula está tras las rejas, el malestar crece por
la situación de Lucas Márquez, quien obtuvo la prisión domiciliaria alegando
problemas de salud. “Salió de la cárcel casi en silencio; no queremos que el
tema duerma”, advierten.
La denominada Causa Márquez y Asociados, investigada por el
fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier en Córdoba.
Los puntos clave del reclamo del 4 de mayo:
Celeridad y profundidad: que se investigue a las apoderadas
y empleados que firmaron contratos de “reintegro de obrador” totalmente
ficticios.
Reparación económica: los damnificados temen quedar últimos
en la pirámide de cobro ante un eventual concurso o quiebra, por detrás de los
mismos empleados que fueron cómplices.
Responsabilidad institucional: apuntan contra organismos
como Defensa del Consumidor por no haber dado la alarma a tiempo.
El dato: se estima que el número de afectados podría superar
los 27.000, un volumen que dejaría chico cualquier otro fraude inmobiliario en
la historia de la provincia. “El silencio los beneficia a ellos; por eso no
vamos a bajar los brazos”, sentencia Piscitello.
