Intendentes
del interior de Córdoba abrieron otro frente de conflicto con el gobierno de Javier Milei por la falta de
transferencias de fondos sanitarios. Advierten que las decisiones del ministro
de Economía, Luis “Toto” Caputo,
comprometen la atención médica en hospitales y centros de salud municipales.
En un documento conjunto, más de 50 jefes comunales reclamaron $8.400 millones correspondientes al Plan Sumar y más de $400 millones vinculados a prestaciones del PAMI, recursos que consideran indispensables para sostener el funcionamiento del sistema sanitario local.
El reclamo expone la preocupación territorial por el impacto de los recortes nacionales en áreas sensibles, debido a que los municipios no cuentan con recursos propios para cubrir prestaciones que históricamente eran garantizadas por el Estado nacional.
La visión de un intendente del departamento San Justo
Gabriel Faletto, intendente de Marull, explicó a Up que los intendentes del interior de Córdoba levantan la voz ante una situación que afecta directamente la atención sanitaria de los pueblos: “El Gobierno nacional mantiene deudas millonarias con al PAMI y Plan SUMAR, recursos esenciales para sostener el sistema de salud local”, indicó.
El mandatario local señaló que los municipios son la primera puerta a la que golpea el vecino cuando necesita atención médica. Y agregó: “Hoy debemos seguir sosteniendo servicios mientras los fondos nacionales que corresponden por ley no llegan o se demoran. Estos recursos son fundamentales para garantizar prestaciones de salud en todo el interior, por eso exigimos a Nación que regularice de manera urgente las transferencias correspondientes al PAMI y al Plan SUMAR”.
Tras ello, Faletto destacó el trabajo conjunto entre la Provincia de Córdoba y los municipios, que siguen sosteniendo la contención social en cada comunidad a través de programas como PPP, Empleo +26, Tarjeta Social, Banco de la Gente, Semilla y PAICOR.
El caso Marcos Juárez
Días atrás, en Marcos Juárez, más de 5.500 jubilados quedaron sin cobertura tras la demora en la cadena de pagos del PAMI, que derivó en el cierre de una clínica privada y mayor presión sobre el Hospital Regional, a cargo del gobierno de Martín Llaryora.
