El Tribunal de Cuentas de la provincia de
Córdoba, con mayoría juecista, rechazó la licitación para la incorporación de
un sistema integral de drones de patrullaje para la Policía provincial,
decisión que fue cuestionada por el gobernador Martín Llaryora.
“Hacer política partidaria con la seguridad es jugar con la vida de los cordobeses. Los libertarios en Córdoba contradicen todo el tiempo al Gobierno nacional en la política de seguridad”, escribió Llaryora en su cuenta de X.
El gobernador apoyó de esta forma el mensaje que una hora antes escribió su ministro de Seguridad, Juan Pablo Quintero, en la misma red: “Cuando los organismos de control dejan de controlar y empiezan a hacer política, el problema ya no es un expediente: es la democracia”.
Proyecto frenado
La iniciativa prevé la creación de la División
Svant, con 15 drones de alta complejidad tecnológica, software con IA,
reconocimiento facial, capacitación de 40 agentes y vehículos móviles de
control.
La iniciativa quedó frenada desde septiembre. El proyecto está valuado en casi U$S 7 millones y fue presentado por el oficialismo como un caso de obstrucción política bajo la apariencia de control administrativo.
Según trascendió, el expediente atravesó más de 70 instancias administrativas y contaba con aval técnico y legal antes de ingresar al Tribunal de Cuentas, donde fue finalmente observado por los vocales Beltrán Corvalán y Fernanda Leiva, ambos del juecismo.
En diálogo con la prensa, Corvalán remarcó que se trata de “un saco a medida hecho para una empresa” y agregó que la contratación se encuentra “floja de papeles”.
“Pedimos que se haga una nueva licitación como marca la ley y no con un solo oferente”, dijo y agregó: “Es un expediente millonario. Nosotros no nos oponemos a la compra de drones, queremos que se haga acorde a la ley”, remarcó el funcionario.
El eje del rechazo fue la modalidad de licitación por renglón único, que integraba en un solo contrato la provisión de equipos, software, capacitación y asistencia técnica. Desde el Tribunal se sostuvo que ese esquema limitó la concurrencia de oferentes y configuró una compra sobredimensionada.
El Ejecutivo provincial respondió que la integración era necesaria para evitar incompatibilidades técnicas, dada la inexperiencia local en sistemas Svant de esa escala.
