La legisladora Brenda Austin (UCR) presentó un proyecto de ley para que los
padrones de las elecciones municipales y comunales sean confiables, veraces y
verificables. El objetivo es asegurar que quienes votan en cada localidad vivan
realmente en ella; y prevenir, detectar y sancionar los cambios de domicilio
falsos con fines electorales, una práctica conocida como “turismo electoral”.
Según se explicó, la iniciativa surge en un
contexto de posibles casos de cambios de domicilio con fines electorales en San
Francisco y motivó un planteo ante legisladores provinciales para impulsar
medidas de prevención y control.
“Hay familias de la zona a las que les estarían
ofreciendo cambiar el domicilio para votar el año que viene. De confirmarse,
estaríamos ante una de las faltas más graves que puede sufrir la democracia:
que otros, que no viven acá, decidan por quienes desarrollan su vida en San
Francisco”, señaló el concejal de San Francisco Marco Puricelli (UCR), que acompaña el reclamo.
Alcance
El proyecto alcanza a las comunas y a los
municipios que no tienen Carta Orgánica propia (regidos por la Ley Orgánica
Municipal N° 8102 y las leyes N° 8234 y N° 8455). A las ciudades que sí la
tienen, las invita a sumarse e incorporar los mismos controles en sus normas
electorales.
El punto central del proyecto establece que,
para votar en una comuna o municipio, el elector deberá acreditar que vive allí
desde al menos 180 días antes del cierre del padrón. Actualmente, la ley exige
90 días en las comunas y no fija ningún plazo para los municipios. De esta
manera, la iniciativa unifica el criterio y equipara la legislación local con
los códigos electorales nacional y provincial. Para los extranjeros, el
proyecto extiende a las comunas el requisito de dos años de residencia que ya
rige en los municipios.
Según el proyecto, para acreditar residencia
alcanzará con documentación de uso cotidiano: una boleta de luz, agua, gas,
teléfono o internet; el comprobante de pago de las tasas municipales o
comunales; un contrato de alquiler o una escritura; o constancias de escuela,
de atención de salud, de trabajo o un certificado de domicilio, entre otras. Y
quienes no tengan estos papeles por su situación económica o de vivienda podrán
probar su domicilio de otra manera.
El control quedará en manos del Juzgado
Electoral de la Provincia y de las Juntas Electorales de cada municipio y
comuna.
Austin aclaró que la iniciativa pone la lupa
sobre el último año antes del cierre del padrón, la llamada “ventana
preelectoral”: en ese período se seguirán de cerca los cambios de domicilio de
cada localidad y, si aparece un aumento fuera de lo habitual respecto de años
anteriores, el Juzgado abrirá una auditoría sin necesidad de esperar una
denuncia.
El proyecto también suma actores que podrán
cuestionar una inscripción sospechosa: los partidos políticos, las agrupaciones
vecinales, el Ministerio Público Fiscal, el propio Juzgado Electoral y
cualquier vecino empadronado en la localidad. Podrán hacerlo incluso antes de
que se publiquen los padrones provisorios. Si finalmente se comprueba que el
domicilio es falso, esa persona quedará fuera del padrón.
Cabe destacar que el proyecto también lleva las
firmas de los legisladores de la UCR Ariela Szpanin, Alejandra Ferrero, Alfredo
Nigro, Miguel Nicolás, Fernando Luna, Oscar Saliba, Gustavo Bottasso, José Bria
e Inés Contrera
