Este martes comenzará la constitución de las
comisiones para tratar, en el periodo de sesiones extraordinarias, las dos
leyes que impulsa la gestión del presidente Javier Milei: el Proyecto de Modernización Laboral y la Ley Penal
Juvenil (baja de imputabilidad).
Luego de que el tratamiento de la reforma
laboral se haya traspasado para este año, finalmente, el debate comenzará en el
Senado de la Nación y está programado para iniciarse este 11 de febrero.
La Libertad Avanza (LLA) se encuentra en un
contexto de negociación y busca consensos con los bloques “dialoguistas” como
son el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica (CC), aún
después de las reuniones que mantuvo el ministro del Interior, Diego Santilli,
con los gobernadores, durante estos últimos meses.
Los ejes principales que presenta esta
iniciativa se concentran en buscar una revisión integral del marco laboral
actual y pretenden modificar las indemnizaciones; crear un “Fondo de Cese
Laboral” mediante convenios colectivos; reducir contribuciones en las cargas
patronales para fomentar la contratación formal; introducir la figura de
“Colaborador Independiente”, bajo un régimen de autonomía sin relación de
dependencia tradicional”.
También se incorpora un “Banco de Horas” como
un nuevo sistema de flexibilidad horaria que permite compensar excesos de
jornada en días posteriores, en lugar de abonar horas extras.
En contraposición, los sindicatos manifestaron
un fuerte rechazo, debido a que consideran que este proyecto “no sólo no genera
puestos de trabajo, sino que impulsa la pérdida de derechos adquiridos”.
Paralelamente, realizaron convocatorias para llevar adelante movilizaciones
frente al Congreso desde este martes.
Ley penal juvenil
Por otra parte, el proyecto de Ley Penal
Juvenil, que busca bajar la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 13 años,
propone un régimen especial con medidas ‘socioeducativas y penas alternativas’
y deja de lado la condena de reclusión perpetua y pretende fijar un máximo de
20 años de condena para menores.
Sin embargo, se presume que los adolescentes de
14 años, o más, que comenten delitos graves, podrían ser sometidos a penas
similares a las de personas adultas, con penas máximas de 15 años o más, con la
excepción de permanecer en cárceles comunes.
Para delitos con penas menores a 3 años, o
hasta 10 años sin violencia grave, se priorizan medidas con un enfoque social y
educativo, con la posibilidad de otorgarle libertad asistida y realizar tareas
comunitarias, en lugar de prisión efectiva.
Según LLA, esta iniciativa pretende terminar
con la “puerta giratoria” y condenar delitos cometidos por menores de 16 años
que, actualmente, mantienen impunidad con la ley vigente (22.278).
