La reforma previsional impulsada por el
gobierno de Córdoba genera intenso debate y reclamos durante estas últimas
semanas, principalmente desde los gremios que nuclean a los trabajadores
estales de la Provincia.
En este
contexto, el gobernador Martín Llaryora tiene en sus manos una encuesta que le
da tranquilidad y oxígeno al momento de defender esta medida, dado que los jubilados que cobran la mínima serían los que más valoran la medida adoptada.
Se trata de un relevamiento ordenado por la
provincia realizado entre 55.000 jubilados provinciales (la mitad del padrón)
alcanzados por la Ley de Equidad permite observar con bastante nitidez cómo se
reconfiguró el humor social del sector tras la medida y, sobre todo, cómo
impactó en la imagen del gobernador Martín Llaryora.
El universo analizado se divide en dos grandes
grupos: por un lado, quienes perciben el 82% y quienes lograron salir del
esquema del 58%; por otro, los jubilados que cobran la mínima, que en diciembre
recibieron un bono extraordinario de $100.000, llevando el haber de $700.000 a
cerca de $800.000, según publica Perfil.
Según estos números muestran, el efecto
político de la reforma no fue homogéneo y que el acompañamiento a la gestión
provincial crece de manera significativa cuanto más directo es el impacto
positivo en el ingreso.
Dos realidades, dos climas
Entre quienes reciben el 82% y aquellos que
salieron del 58%, la evaluación general de la gestión del gobernador exhibe una
mirada predominantemente crítica. En enero, solo el 8,5% calificó la gestión
como “muy buena” y el 18,8% como “buena”, mientras que las opiniones “malas” y
“muy malas” alcanzaron en conjunto el 69,5%. En diciembre, si bien se observa
una leve mejora en los niveles positivos, la evaluación negativa sigue siendo
mayoritaria.
En este segmento, la aprobación de la gestión
alcanza el 58,5%, frente a un 41,5% de desaprobación, un dato que sugiere un
acompañamiento más pragmático que entusiasta: se aprueba la gestión en términos
generales, pero con una valoración crítica del rumbo y de la política
previsional en particular.
De hecho, al consultar específicamente por la
política del gobernador hacia los jubilados, casi la mitad de este grupo la
califica como “mala” y otro 29% como “regular”. Solo un 18,5% la considera “muy
buena” en la medición posterior a la reforma.
El 80% de aprobación en quienes cobra la mínima
El panorama cambia de manera contundente entre
los jubilados que cobran la mínima y recibieron el bono de $100.000 en
diciembre. Allí, el impacto en el humor social es evidente.
En este segmento, la evaluación positiva de la
gestión se dispara: el 30% la califica como “muy buena” y el 45% como “buena”,
mientras que las opiniones negativas caen al 20%. La aprobación de la gestión
alcanza un contundente 80%, con apenas un 20% de desaprobación.
La valoración de la política hacia los
jubilados también refleja ese cambio de ánimo. Tras la medida, el 45% la
considera “muy buena” y otro 30% “buena”. Las evaluaciones negativas
prácticamente desaparecen, consolidando un escenario de respaldo mayoritario.
El dato fino: quiénes mejoraron su situación
Dentro del universo analizado, hay un dato que
explica parte del reacomodamiento del clima social. De los 9.000 jubilados que
salieron del esquema del 58%, 7.000 accedieron a un doble beneficio, lo que
permitió que 53.000 jubilados alcanzaran el 82% móvil. Solo 2.000 quedaron
fuera de ese esquema, aunque igualmente mejoraron su situación al dejar el 58%.
Ese corrimiento explica por qué, aun en los
segmentos más críticos, la desaprobación no se traduce en un rechazo absoluto a
la gestión, sino en una mirada más exigente y condicionada.
Allí donde la reforma se tradujo en una mejora
concreta y visible en el bolsillo del jubilado, la imagen de Llaryora se
fortaleció de manera marcada. Donde el beneficio fue más limitado o percibido
como insuficiente, persiste una evaluación crítica, aunque sin romper del todo
el vínculo con la gestión.
