El edificio de Tribunales de San Francisco fue
escenario de un “aplausómetro” en reclamo de la Reforma Previsional que
consiguió el Gobierno de Córdoba, el cual consideran un ajuste a los salarios
de los empleados y trabajadores del sector, aunque todavía resta la conocerse
la letra chica de la reglamentación de la nueva ley.
Desde el gremio de personal judicial consideran que los trabajadores activos se verán afectados con más descuentos en sus salarios.
Cabe recordar que el jueves a
la madrugada, tras un extenso debate en comisión, la Legislatura de Córdoba
aprobó las reformas al sistema
previsional de la provincia que impulsó el gobierno de Martín Llaryora y lo
declaró en emergencia. El Ejecutivo prevé un déficit de más de $800.000
millones para 2026 en virtud de la suspensión de los giros que por ley debe
enviar el Tesoro nacional.
La iniciativa
oficial compatibilizó una iniciativa popular presentada por jubilados
cordobeses que propició la restitución del 82 por ciento para más de 60 mil
personas que perciban menos de $ 1.300.000 con un proyecto que, con el objetivo
enunciado de lograr la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones, habilita al
Poder Ejecutivo a “adecuar las alícuotas de aportes personales de los distintos
sectores", en un porcentaje que va del 2 al 8 por ciento, según se informó
oficialmente.
El
oficialismo logró la sanción de la emergencia previsional con el acompañamiento
de un puñado de aliados de la oposición, y con fuertes críticas de otros
sectores.
En qué
consiste la reforma de Martín Llaryora
Tras
introducir algunos cambios impulsados por bloques opositores, el artículo 1 de
la flamante normativa declara “la emergencia económica, financiera y administrativa
del sistema previsional público provincial a los fines de resguardar la
sustentabilidad económica y financiera del sistema, así como la sostenibilidad
de los fondos previsionales, por el término de cinco años”. En caso de ser
necesario, se podrá prorrogar la emergencia en forma automática por igual
término, por única vez, salvo que el Ejecutivo disponga su cese
anticipadamente.
Además, la
nueva normativa dispone la suspensión de la aplicación del Fondo Solidario para
Desequilibrios de la Caja de Jubilaciones mientras se encuentre vigente la
emergencia previsional.
Voces a favor y en contra
Tras la sanción de las modificaciones
previsionales –aprobadas por 38 votos a favor y 32 en contra–, las miradas se
concentran ahora en la reglamentación de la ley que firmará el gobernador.
Será, precisamente, en la letra chica de esa
reglamentación donde se despejarán las principales incógnitas que hoy
despiertan los cambios previsionales en Córdoba: desde qué piso se
incrementarán los aportes a los empleados públicos y cómo impactarán las subas
y bajas en los haberes de los jubilados provinciales.
Estas variaciones dependerán de la aplicación
de los mayores descuentos destinados a la Caja de Jubilaciones sobre los
activos, de los cuales derivan los haberes del sector pasivo.
Más allá del áspero debate que se vivió en la
Legislatura, y que se extendió hasta las 6 de la mañana de ayer, persisten
profundas diferencias en las interpretaciones sobre los cambios que realizan
oficialistas y opositores.
Para el peronismo, las modificaciones
promovidas de manera personal por el gobernador generarán “justicia
redistributiva” entre trabajadores y jubilados provinciales.
Así lo expresó Facundo Torres al cerrar el
debate y lo ratificó ayer ante una consulta de La Voz. Según sostuvo el
flamante presidente del bloque oficialista, cuando los cambios entren en
vigencia, “la mayoría” de los estatales, tanto activos como pasivos, sentirá
que “mejoraron sus ingresos”.
“Hay que esperar la reglamentación, pero
estamos convencidos que todo el ruido que generó este debate en la Legislatura,
y también afuera con las protestas, se va a calmar, porque por primera vez una
mayoría se sentirá beneficiada con estos cambios, especialmente quienes
cobrarán el 82% no remunerativo. Es cierto que otros, los menos, los de mayores
ingresos, sentirán que deben hacer un esfuerzo mayor”, argumentó Torres.
Los gremios estatales se movilizaron el miércoles
y ahora esperan la reglamentación de los cambios previsionales para decidir los
pasos a seguir. (José Gabriel Hernández)
Protesta Los gremios estatales se movilizaron
el miércoles y ahora esperan la reglamentación de los cambios previsionales
para decidir los pasos a seguir. (José Gabriel Hernández)
Como durante el debate parlamentario, Torres
ejemplificó el impacto de la medida, aunque aclaró que habrá que esperar la
reglamentación para confirmar este caso testigo.
Según explicó, un jubilado provincial que este
mes percibió un haber de $ 1,317 millones, con la aplicación del 82% no
remunerativo, debería cobrar el mes próximo $ 1,457 millones. Esto implicaría
un aumento de 140 mil pesos de bolsillo, es decir, un incremento del 12%.
Ese 82% no será móvil ni remunerativo. Se
instrumentará como un bono que se actualizaría cada seis meses, en función de
los aumentos que reciban los trabajadores activos.
Críticas opositoras
En la vereda opuesta, radicales y juecistas
sostienen que el 82% al que hace referencia el oficialismo es “una estafa”. “Lo
que reclaman los jubilados cordobeses es el 82% móvil. Pero esto del 82% del
que habla el oficialismo es una estafa. Van a recibir un bono no remunerativo,
cuyos aumentos serán definidos discrecionalmente por el gobernador, sin ningún
tipo de garantía”, afirmó Matías Gvozdenovich, presidente de la bancada
radical.
El dirigente radical, agregó: “Además, esos
fondos saldrán de recortes a otros trabajadores públicos y jubilados con
ingresos más altos. En definitiva, el gobernador hace política con la plata de otros”,
cuestionó Gvozdenovich.
Mientras tanto, los gremios estatales también
esperan conocer la reglamentación de la ley antes de definir los próximos
pasos. Bancarios, judiciales, municipales capitalinos, jerárquicos y Luz y
Fuerza ya dan por descontado que estarán entre los sectores más perjudicados
por la reforma. (Con información de Letra P y La Voz del Interior)
