En una audiencia celebrada en los Tribunales de
Rafaela, el Juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Gustavo Bumaguin, desestimó la
pretensión planteada por la defensa técnica de Héctor Argentino "Patrón" Gallardo. La asistencia letrada
representada por Federico Scarinici
y Claudio Torres del Sel, buscaba
que el imputado fuera beneficiado con la prisión domiciliaria argumentando un
cuadro de salud complejo que, según sostenían, no podía ser asistido en un
establecimiento penitenciario.
Scarinici al comenzar su exposición sostuvo que
Gallardo (quien supo integrar la lista de los 10 delincuentes y criminales más
buscados de la provincia de Santa Fe) padece múltiples enfermedades que se
agravaron desde que ingresó a la cárcel de Coronda bajo el régimen de alto
perfil. Aseguró que el Servicio Penitenciario no está en condiciones de atender
correctamente las dolencias del imputado e incluso señaló que se le prohibió el
contacto directo a los médicos tratantes y solo pueden entrevistarse a través
de un vidrio.
Por su parte, Torres del Sel comparó las
condiciones de detención bajo el régimen de alto perfil con las sufridas por
los presos políticos durante la última dictadura militar y habló de tratos
crueles y tortura física y psicológica, señala el sitio Rafaela Noticias.
La Justicia garantiza la atención
Sin embargo, el magistrado consideró de manera
positiva el planteo del fiscal de Homicidios Martin Castellano, quien sostuvo que los informes periciales y la
infraestructura asistencial del Servicio Penitenciario de Santa Fe garantizan
la atención médica requerida.
Así, Bumaguin ordenó que continúe alojado en un
penal bajo el régimen de alto perfil, pero no sólo valoró el cuadro médico,
sino que analizó, en línea con el planteo fiscal, que la defensa no argumentó
cómo el arresto domiciliario puede conjurar los riesgos procesales que dieron
origen a la prisión preventiva.
Cabe recordar que esta instancia de revisión es
el corolario de la audiencia cautelar celebrada a mediados de diciembre pasado,
cuando el juez Bumaguín dispuso la prisión preventiva sin plazos contra
Gallardo al considerarlo como presunto autor de los delitos de amenazas
coactivas calificadas por tener como propósito compeler a una persona a hacer
abandono del lugar de su residencia habitual en carácter de autor; y homicidio
doloso agravado por su comisión con arma de fuego, en calidad de instigador. De
estos hechos resultó víctima Carlos
Cabrera, quien fue asesinado por sicarios el 23 de abril de 2022.
Prontuario de Gallardo
De acuerdo con la imputación formulada por el
Ministerio Público de la Acusación (MPA), a Héctor Argentino Gallardo se le
atribuye haber desplegado entre 2021 y abril de 2022, un accionar sistemático
de amenazas y coacciones contra Carlos Miguel Cabrera, con el objetivo de
obligarlo a entregar bienes, asumir supuestas deudas y abandonar de manera
definitiva su lugar de residencia en la ciudad de Frontera y zonas aledañas.
Según la acusación, Gallardo habría proferido amenazas directas y reiteradas de
muerte, tanto de forma personal como a través de terceros, entre ellos una
sobrina, generando en la víctima un temor real y persistente que condicionó su
vida cotidiana.
Siempre conforme a la imputación fiscal, ese
proceso de intimidación se habría intensificado con el paso del tiempo y habría
incluido expresiones explícitas sobre la posibilidad de matar a Cabrera o a
integrantes de su familia si no cumplía con las exigencias planteadas. En ese
marco, se sostiene que Gallardo utilizó su posición dominante dentro del
entorno familiar para reforzar la presión psicológica, valiéndose de
intermediarios que transmitían los mensajes amenazantes a la víctima, lo que
configuró un cuadro de sometimiento coactivo previo al desenlace fatal.
La acusación también le atribuye a Gallardo
haber instigado el homicidio de Cabrera, ocurrido el 23 de abril de 2022. De
acuerdo con la reconstrucción fiscal, el imputado habría determinado a dos
personas aún no identificadas para que ejecutaran el ataque armado en el
domicilio de la víctima, con conocimiento previo de sus rutinas y del lugar
donde residía.
Esa noche, los agresores llegaron en
motocicleta al complejo habitacional, uno de ellos ingresó armado y efectuó
varios disparos, uno de los cuales impactó en zonas vitales del cuerpo de
Cabrera, provocándole heridas que derivaron en su muerte horas después en un
centro de salud de la ciudad de San Francisco, Córdoba.
Entre los elementos que comprometen al
imputado, la acusación fiscal destaca especialmente el testimonio de una mujer,
quien declaró haber actuado como intermediaria en la transmisión de amenazas
hacia la víctima y sostuvo que lo hizo bajo un clima de intimidación ejercido
por Gallardo.
La investigación incorpora además numerosos
testimonios de familiares, allegados y otras personas del entorno, que en forma
concordante dieron cuenta del conflicto previo, de las presiones y amenazas
atribuidas al imputado, del temor manifestado por la víctima y de distintas
circunstancias relevantes ocurridas antes y después del homicidio, sin que sus
identidades sean individualizadas en la imputación pública.
