El gobernador Martín Llaryora, acompañado por el ministro de Producción, Fernando Sibilla, firmó y elevó a la
Legislatura provincial el nuevo proyecto de ley que crea el Régimen de
Incentivo a las Inversiones, la Innovación y el Empleo.
La propuesta busca unificar las normas de
promoción industrial vigentes, simplificar el acceso a los beneficios y ofrecer
reglas claras a las empresas que inviertan en Córdoba.
La iniciativa está dirigida a industrias que se
radiquen en la provincia y a las que ya desarrollan su actividad en ella.
Promueve la inversión en maquinaria, equipos y otros activos destinados a la
producción; la incorporación de tecnologías vinculadas a la Industria 4.0; y la
instalación de empresas en parques industriales.
A qué pueden acceder
En el régimen general, los proyectos que
cumplan los requisitos previstos podrían acceder a exenciones del 100% en los
impuestos sobre los Ingresos Brutos, de Sellos e Inmobiliario durante 10 años.
El plazo se extendería a 15 años para las
inversiones localizadas en las zonas del noroeste y el sur contempladas en el
proyecto, así como para las empresas que se radiquen en parques industriales.
Para las pymes, la propuesta incorpora una
asignación estímulo a la capacitación por cada nuevo trabajador contratado a
jornada completa y por tiempo indeterminado.
Su valor equivale a un salario mínimo, vital y
móvil durante un año, plazo que se amplía a dos años en los proyectos
alcanzados por los beneficios incrementales.
El proyecto también establece un régimen
simplificado para empresas cuyos ingresos brutos anuales no superen los $4.500
millones.
Para acceder a la exención de Ingresos Brutos
sobre su actividad industrial, deberán realizar inversiones en activos fijos
por un monto equivalente, como mínimo, al 1,2% de la base imponible provincial
de esa actividad correspondiente al año anterior. La exención no alcanzaría a
las operaciones con consumidores finales.
La incorporación de tecnologías de Industria
4.0, como inteligencia artificial, fabricación aditiva y sistemas aplicados a
los procesos productivos, constituye otra de las modalidades promovidas por el
régimen general y está prevista para empresas categorizadas como pymes.
La iniciativa contempla, además, beneficios
impositivos por cinco años para los parques o áreas industriales que operen
bajo una forma jurídica propia.
También faculta al Poder Ejecutivo a acordar
líneas de crédito especiales, a tasas preferenciales o subsidiadas, para los
proyectos comprendidos en la ley.
Los beneficios concedidos bajo las normas
actuales conservarían sus plazos y condiciones.
El nuevo régimen, de ser aprobado, entraría en
vigencia el 1 de enero de 2027 y se extendería hasta el 31 de diciembre de
2036.
