Los
fiscales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedián, del Ministerio
Público Fiscal de la Nación, imputaron a Graciela
Montesi y Abel Sánchez Torres,
presidenta y vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, por
presunto abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público,
falsedad ideológica y coacción.
Según la requisitoria de los fiscales al juez Alejandro Sánchez Freytes, Montesi y Sánchez Torres habrían realizado maniobras en dos causas vinculadas al caso “Bunge” -donde se investigan evasiones megamillonarias- en pos de favorecer a los imputados y lograr la falta de mérito. Además, los fiscales le imputan a Sánchez Torres lesiones graves calificadas por mediar violencia de género contra una secretaria que se negó a firmar un certificado para lograr la integración de una de las salas de la Cámara que lo dejara en mayoría.
El caso “Bunge” tiene dos causas: una denominada “Padilla” que se tramitaba en la sala A de la Cámara Federal de Apelaciones; y la causa “Humanes”, en la sala B. “Graciela Susana Montesi -de la Sala A- y Abel Guillermo Sánchez Torres -de la Sala B-. Según la denuncia, ambos habrían acordado manipular la integración del Tribunal en violación a lo establecido en la ley y reglamento”, señalaron Turano y Hairabedián. Las salas tenían una vacante y esa fue la variable que habrían utilizado los camaristas para operar en conjunto.
Qué dice la defensa de los imputados
En diálogo con La Voz En Vivo, el abogado defensor Carlos Nayi calificó la denuncia como “absolutamente infundada” y “falaz” en el marco de la defensa de sus representados.
Nayi aclaró que los delitos atribuidos por los fiscales son abuso de autoridad y lesiones graves. Estos cargos surgen a partir de una denuncia presentada por una secretaria del tribunal, aunque el defensor sostiene que no existen elementos que vinculen maltrato con la actividad funcional de los magistrados.
Según el letrado, los hechos investigados ocurrieron entre 2011 y 2013, pero la Cámara comenzó a intervenir recién en diciembre de 2020. “El doctor Sánchez Torres, con la adhesión de la doctora Navarro, ordenó llevar adelante una investigación profunda”, señaló Nayi.
Para la defensa, el accionar de los jueces buscaba evitar que el proceso se volviera circular y corriera riesgo de retrogradación. Nayi enfatizó que en la causa Bunge se terminó dictando el sobreseimiento en septiembre de 2024 tras el pago de la deuda tributaria.
