Los
fiscales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedián, del Ministerio
Público Fiscal de la Nación, imputaron a Graciela
Montesi y Abel Sánchez Torres,
presidenta y vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, por
presunto abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público,
falsedad ideológica y coacción.
Según la
requisitoria de los fiscales al juez Alejandro
Sánchez Freytes, Montesi y Sánchez Torres habrían realizado maniobras en
dos causas vinculadas al caso “Bunge” -donde se investigan evasiones
megamillonarias- en pos de favorecer a los imputados y lograr la falta de
mérito. Además, los fiscales le imputan a Sánchez Torres lesiones graves
calificadas por mediar violencia de género contra una secretaria que se negó a
firmar un certificado para lograr la integración de una de las salas de la
Cámara que lo dejara en mayoría.
El caso
“Bunge” tiene dos causas: una denominada “Padilla” que se tramitaba en la sala
A de la Cámara Federal de Apelaciones; y la causa “Humanes”, en la sala B. “Graciela
Susana Montesi -de la Sala A- y Abel Guillermo Sánchez Torres -de la Sala B-. Según
la denuncia, ambos habrían acordado manipular la integración del Tribunal en
violación a lo establecido en la ley y reglamento”, señalaron Turano y
Hairabedián. Las salas tenían una vacante y esa fue la variable que habrían
utilizado los camaristas para operar en conjunto.
Qué dice
la defensa de los imputados
En
diálogo con La Voz En Vivo, el abogado defensor Carlos Nayi calificó la denuncia como “absolutamente infundada” y “falaz”
en el marco de la defensa de sus representados.
Nayi
aclaró que los delitos atribuidos por los fiscales son abuso de autoridad y
lesiones graves. Estos cargos surgen a partir de una denuncia presentada por
una secretaria del tribunal, aunque el defensor sostiene que no existen
elementos que vinculen maltrato con la actividad funcional de los magistrados.
Según el
letrado, los hechos investigados ocurrieron entre 2011 y 2013, pero la Cámara
comenzó a intervenir recién en diciembre de 2020. “El doctor Sánchez Torres,
con la adhesión de la doctora Navarro, ordenó llevar adelante una investigación
profunda”, señaló Nayi.
Para la
defensa, el accionar de los jueces buscaba evitar que el proceso se volviera
circular y corriera riesgo de retrogradación. Nayi enfatizó que en la causa
Bunge se terminó dictando el sobreseimiento en septiembre de 2024 tras el pago
de la deuda tributaria.
