Córdoba acordó con Anses por la deuda de la Caja de Jubilaciones: “Defendimos muy bien los intereses de los cordobeses”, dijo Llaryora

El gobernador Martín Llaryora encabezó este miércoles la delegación del Gobierno de Córdoba que participó de la segunda audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para tratar el planteo de Córdoba por los incumplimientos del Gobierno Nacional con la Caja de Jubilaciones de la Provincia.

Luego del encuentro realizado este martes, Llaryora anunció que la Nación reconoció formalmente la deuda y presentó una propuesta que consiste en el pago de $60 mil millones a cuenta del año 2025, que serán abonados con aportes mensuales de $5 mil millones durante 12 meses.

En el transcurso de ese periodo de tiempo se tienen que conciliar las auditorías desde el año 2019 al 2024, periodo en el cual se establecerá la deuda que Anses tiene con la Provincia de Córdoba.

"Es un gran acuerdo, hemos defendido muy bien los intereses de los cordobeses", celebró Llaryora.

Trabajo en conjunto 

En adelante, equipos técnicos de Provincia y Nación trabajarán de manera conjunta a través de auditorías cruzadas que permitan determinar con precisión el monto exacto de la deuda con el sistema previsional cordobés y así comenzar a aliviar la situación financiera de la Caja.

En este sentido, el gobernador informó que dio instrucciones al ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, para que los recursos que lleguen regularmente, originalmente destinados a cubrir el déficit generado por la falta de transferencias nacionales, al menos en parte, se orienten a mejorar los ingresos de nuestros jubilados de menores recursos bajo un esquema de distribución que será definido.

Finalmente, Llaryora ratificó la predisposición de Córdoba al diálogo institucional, a la cooperación entre niveles de gobierno y al fortalecimiento del federalismo, sin renunciar a reclamar lo que legalmente le corresponde a la Provincia y a sus ciudadanos.

La Corte fijó una audiencia para dentro de seis meses para evaluar la marcha del acuerdo.