Con el voto de Alejandra Vigo, Luis Juez y Carmen Rivero, aprobaron la Reforma Laboral

El Gobierno Nacional alcanzó este viernes su objetivo más ambicioso para el período de sesiones extraordinarias: la Ley de Modernización Laboral es una realidad. Tras obtener la media sanción en Diputados la semana pasada, el Senado ratificó el proyecto en una jornada cargada de tensión política y cruces entre el oficialismo y la oposición.

La sanción definitiva se dio en las últimas horas del viernes, -tras la aprobación de la baja de imputabilidad- permitiendo que la administración de La Libertad Avanza cierre el primer tramo legislativo de 2026 con una victoria estratégica. La normativa introduce cambios estructurales en el sistema de contrataciones, indemnizaciones y el registro de trabajadores, bajo la premisa oficial de "reducir la litigiosidad y fomentar el empleo genuino".

La iniciativa, que contó con el aval del oficialismo y dialoguistas como la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, peronistas disidentes y silvestres provinciales, obtuvo 42 votos a favor, mientras que 28 fueron en contra. Los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano se abstuvieron.

El voto de Cordoba

Al igual que ocurrió en el tratamiento general inicial, los representantes de la provincia de Córdoba en la Cámara Alta mantuvieron un bloque sólido de apoyo a la reforma. Se trata de Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero y Alejandra Vigo quienes dieron luz verde al proyecto del Gobierno Nacional.

La flamante ley contempla, entre sus puntos más polémicos y destacados:

Fondo de Cese Laboral: Se habilita la sustitución de las indemnizaciones tradicionales por un sistema de fondo de cese (estilo UOCRA) mediante convenio colectivo.

Blanqueo y Condonación: Un amplio régimen de regularización que elimina multas y sanciones para empleadores que registren trabajadores.

Período de Prueba: Se extiende el plazo de prueba para nuevos trabajadores, que podrá ser de seis meses y hasta un año según el tamaño de la empresa.

Límites a la acción sindical: Se establecen restricciones a las protestas que incluyan bloqueos a establecimientos, considerándolos causal de despido justificado.

Desde la oposición, el interbloque de Unión por la Patria rechazó de plano la normativa, calificándola como un "retroceso histórico en los derechos conquistados". Por su parte, las centrales obreras ya adelantaron que judicializarán varios artículos por considerarlos inconstitucionales.

Con esta sanción, el presidente Javier Milei logra su mayor triunfo político desde la aprobación de la Ley Bases, enviando una señal de fortaleza a los mercados y al FMI en el cierre del mes de febrero.