El Gobierno
Nacional alcanzó este viernes su objetivo más ambicioso para el período de
sesiones extraordinarias: la Ley de Modernización Laboral es una realidad. Tras
obtener la media sanción en Diputados la semana pasada, el Senado ratificó el
proyecto en una jornada cargada de tensión política y cruces entre el
oficialismo y la oposición.
La sanción
definitiva se dio en las últimas horas del viernes, -tras la aprobación de la
baja de imputabilidad- permitiendo que la administración de La Libertad Avanza
cierre el primer tramo legislativo de 2026 con una victoria estratégica. La
normativa introduce cambios estructurales en el sistema de contrataciones,
indemnizaciones y el registro de trabajadores, bajo la premisa oficial de
"reducir la litigiosidad y fomentar el empleo genuino".
La
iniciativa, que contó con el aval del oficialismo y dialoguistas como la Unión
Cívica Radical (UCR), el PRO, peronistas disidentes y silvestres provinciales,
obtuvo 42 votos a favor, mientras que 28 fueron en contra. Los santacruceños
José María Carambia y Natalia Gadano se abstuvieron.
El voto de
Cordoba
Al igual
que ocurrió en el tratamiento general inicial, los representantes de la
provincia de Córdoba en la Cámara Alta mantuvieron un bloque sólido de apoyo a
la reforma. Se trata de Luis Juez,
Carmen Álvarez Rivero y Alejandra Vigo quienes dieron luz verde al proyecto del Gobierno Nacional.
La flamante
ley contempla, entre sus puntos más polémicos y destacados:
Fondo de
Cese Laboral: Se habilita la sustitución de las indemnizaciones tradicionales
por un sistema de fondo de cese (estilo UOCRA) mediante convenio colectivo.
Blanqueo y
Condonación: Un amplio régimen de regularización que elimina multas y sanciones
para empleadores que registren trabajadores.
Período de
Prueba: Se extiende el plazo de prueba para nuevos trabajadores, que podrá ser
de seis meses y hasta un año según el tamaño de la empresa.
Límites a
la acción sindical: Se establecen restricciones a las protestas que incluyan
bloqueos a establecimientos, considerándolos causal de despido justificado.
Desde la
oposición, el interbloque de Unión por la Patria rechazó de plano la normativa,
calificándola como un "retroceso histórico en los derechos
conquistados". Por su parte, las centrales obreras ya adelantaron que
judicializarán varios artículos por considerarlos inconstitucionales.
Con esta
sanción, el presidente Javier Milei logra su mayor triunfo político desde la
aprobación de la Ley Bases, enviando una señal de fortaleza a los mercados y al
FMI en el cierre del mes de febrero.
