Unión
por la Patria, tres diputados de Encuentro Federal y el Frente de Izquierda,
presentaron, por separado, proyectos de ley para iniciarle juicio político al
presidente Javier Milei por su
implicancia en el lanzamiento de la criptomoneda Libra, que en cuestión de
pocas horas provocó pérdidas de dinero para miles de personas, en lo que fue
interpretado como una "estafa" a gran escala.
¿Qué es el juicio político?
Es
un mecanismo previsto en la Constitución Nacional que le otorga al Congreso
nacional facultades extraordinarias para investigar las responsabilidades
políticas de un funcionario público de alto rango por la posible comisión de
delitos en el ejercicio de las funciones (o de crímenes comunes) como causal de
destitución.
La
Cámara de Diputados se constituye como acusadora a través de la comisión de
Juicio Político, la cual debe estar conformada por 31 integrantes de forma
proporcional a la representación de cada una de los espacios parlamentarios.
El
artículo 53 de la Constitución nacional prevé que la Cámara de Diputados "ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al
jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte
Suprema".
El
artículo 59 de la Carta Magna, en tanto, indica que "al Senado corresponde
juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados", y aclara
que "cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido
por el presidente de la Corte Suprema".
El
artículo 60 de la Constitución sostiene que el fallo del Senado "no tendrá más
efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún
empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación".
"Pero
la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo
conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios", agrega.
La
conformación de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados está
prevista en el reglamento del cuerpo, el cual define las competencias para "investigar y dictaminar en las causas de responsabilidad que se intenten
contra los funcionarios públicos sometidos a juicio político por la
Constitución".
El
paso a paso
El
primer paso que debe resolver la comisión es la declaración de admisibilidad de
las denuncias a partir del relato de los hechos y la formulación de los cargos
que conforman la acusación.
A
la lectura del informe de admisibilidad, que debe contener un análisis
detallado de cada una de las denuncias que configuran los presuntos delitos,
sobreviene la votación.
Para
aprobar la admisibilidad, se requiere la mitad más uno de los votos de los
integrantes de la comisión, es decir, 16 votos.
Con
la declaración de la admisibilidad, se procede a la apertura formal de la
investigación, que incluirá la formulación de los cargos, la citación de
testigos y requerimientos de informes al Poder Judicial.
De
esa manera, se sustentará la producción de la prueba tendiente a dar cuerpo a
la acusación.
Finalizado
el proceso probatorio, se continúa con la emisión de un dictamen de acusación,
que exige la firma de la mitad más de los votos de los miembros de la comisión,
para luego ser sometido a votación en el recinto de la Cámara baja con dos
tercios de los votos.
Superada
esa instancia, la trama continúa en el Senado de la Nación, el órgano que debe
definir sobre la destitución o absolución del acusado con las dos terceras
partes de los votos.
La
última vez que se realizó un juicio político fue en el 2023, y tuvo como
acusados a los jueces de la Corte Suprema, en el marco de un trabajo realizado
por la comisión homónima que demandó varios meses de actividad.
El
trabajo se coronó con la firma del dictamen acusatorio, pero nunca se votó en
el recinto ya que el entonces oficialismo no tenía los votos suficientes para
aprobarlo. (Noticias Argentinas)
