El dirigente radical Marcos Carasso terminó renunciando al cargo que ocupaba en el
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, mientras se lo investiga en la conocida
causa Pami, que analiza una presunta defraudación millonaria contra la obra
social de los jubilados.
La salida del exdiputado nacional se conoció luego
de que compareciera ante la Justicia Federal para prestar declaración como
imputado en el expediente que instruyen el fiscal federal Rodolfo Cabanillas y
el juez federal Carlos Ochoa.
La renuncia fue presentada mediante una nota
dirigida al presidente del Tribunal de Cuentas, el juecista Beltrán Corvalán. Allí comunicó que
dejaba el cargo de Director de Jurisdicción No Permanente "debido a
razones particulares", con efecto inmediato.
Según trascendió, de fuentes del Gobierno de
Córdoba, Carasso cobraba $ 3.979.733,89 por mes.
Investigación en curso
La causa Pami comenzó meses atrás a partir de
denuncias anónimas que alertaban sobre presuntas irregularidades en la
prestación de servicios médicos para afiliados de la obra social de los
jubilados.
La principal hipótesis investigada apunta a
posibles maniobras de facturación de prestaciones de rehabilitación de alta
complejidad que, según la sospecha judicial, no habrían sido efectivamente
realizadas. Parte de esas operaciones habrían estado vinculadas a la empresa
médica Ethical, de la que Carasso no habría formado parte ni tuvo relación
profesional (es kinesiólogo).
Entre los principales imputados aparecen
Gonzalo Lima, Pablo Adzich, Lucas Kurilkowich y el exjefe médico del Pami
Víctor Genesio, quien estuvo detenido y luego recuperó la libertad. De acuerdo
con fuentes vinculadas al expediente, la investigación también analiza posibles
delitos de asociación ilícita y defraudación.
Distintas versiones extraoficiales señalaron
que el perjuicio económico bajo investigación podría alcanzar los $ 1.400
millones.
Carasso imputado
El martes pasado se confirmó que Carasso había
sido incorporado formalmente a la causa en calidad de imputado. Sin embargo,
desde su defensa indicaron que su situación procesal no estaba vinculada al
tramo de la investigación referido específicamente a la facturación de
prestaciones médicas.
Tras prestar declaración, el exlegislador
difundió un comunicado en el que explicó que no brindará detalles sobre el
expediente mientras continúe bajo secreto de sumario.
La decisión de renunciar a su cargo político se
produce luego de varios días de fuerte exposición pública para el exintendente
de General Cabrera.
El también expresidente de la UCR Córdoba
realizó una aclaración sobre el alcance de la acusación que pesa sobre él.
"Si puedo dejar aclarado que no se me atribuye ser partícipe de ningún
hecho de defraudación contra organismos estatales, ni me hacen responsable de
ser parte de una organización delictiva", expresó.
No obstante, hasta el momento la Justicia Federal
no difundió oficialmente el contenido de la imputación formulada en su contra
ni el encuadre legal específico atribuido por la Fiscalía.
