El Gobierno nacional anunció que el proyecto de
ley que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años será tratado en
sesiones extraordinarias del Congreso. La iniciativa tiene dictamen de mayoría
en Diputados y mezcla una propuesta del Ejecutivo con otras de distintos
bloques.
La iniciativa permitiría procesar a
adolescentes desde los 13 años, con penas alternativas para delitos menores y
un máximo de 15 años de prisión para casos graves. como contracara, organismos
como UNICEF advierten que bajar la edad de punibilidad no es necesario y podría
interpretarse como un retroceso en materia de derechos humanos. Para la
Iglesia, se trata de un “parche” para calmar a la sociedad en este aspecto.
Andrés
Peretti, juez de Niñez, Adolescencia, Violencia
Familiar y de Género de San Francisco, advirtió que de prosperar la iniciativa
se daría un “retroceso” luego de avances a nivel penal juvenil: “Representaría
un cambio mayúsculo bajar de 16 a 13 o 14 años, sería realmente regresar en
muchos avances que hemos tenido a nivel penal y juvenil”.
Peretti participó del programa de streaming Déficit Cero, espacio que comparten Up y 3564 Stream TV, donde abordó este tema que será parte de la agenda
política de este mes.
- ¿Qué
impacto cree que puede tener una reforma de este tipo?
- El principal impacto que tiene está vinculado
con una cuestión propia de lo que hace al abordaje de los menores de edad que
cometen un delito. Hay evidencia importante que indica que mientras antes se
termine abordando de manera penal a cualquier tipo de personas, no solo a
menores de edad, el resultado termina siendo contraproducente. Argentina a nivel
internacional tiene un altísimo estándar de cumplimiento y los 16 años es un número
del cual se recomienda no bajar. Más respuesta penal no va a implicar menos
inseguridad o menor cantidad de delitos, como se indica en los proyectos que
están dando vueltas. Abundan ejemplos.
- ¿Cómo
cuáles?
- Uno de ellos a nivel internacional es
Dinamarca que tomó la decisión de bajar la edad de 15 a 13 años, pero inmediatamente
volvió atrás porque el efecto era contraproducente y negativo, de reincidencia
inmediata. La inserción social y reintegración en estos casos se logran con
mecanismos alternativos.
- La
Iglesia se manifestó y tildó de “parche” esta reforma. ¿Qué piensa?
- Dicen especialistas en el fuero penal juvenil
que bajar la edad de imputabilidad viene a ser un placebo. Un fuego artificial.
No da soluciones o respuestas, sino que, al contrario, termina siendo un efecto
distinto al que se busca.
- Supongamos
que el día de mañana se comunica con usted el diputado Ignacio García Aresca o
el mismo Gabriel Bornoroni que es jefe de bloque de La Libertad Avanza en la
Cámara. ¿Qué les recomendaría antes del tratamiento?
- Primero un abordaje desde el punto de vista
de políticas públicas, de prevención. Hoy las cárceles en la provincia de Córdoba,
sea para mayores o los lugares para menores de edad, insumen la totalidad y más
del impuesto inmobiliario a nivel provincial. Son 1,3 millones de contribuyentes
pagan sus impuestos inmobiliarios en la provincia y eso no alcanza para llevar
adelante el sistema penitenciario. Entonces el análisis debe ser más superador,
un preso en Argentina cuesta 35 mil por día, y toda esa inversión va a estar destinada
a algo que no va a tener la respuesta que se busca. Más aun en este gobierno que
tiene a la eficiencia y a la austeridad como banderas.
- A ello
habría que sumarle una inversión mayor en las cárceles que en muchos casos
están saturadas.
- Argentina viene creciendo en un 5% la
cantidad de presos por año, más de 170 mil presos en el país, de los cuales hay
17 mil en Córdoba. Todo ese proceso representa una tasa de sobrepoblación carcelaria
del 140%, representa condiciones que no son dignas, hacinamiento, imposibilidad
propia de la posibilidad de reinsertarse. Todas las penas son temporales, salvo
las perpetuas, es decir, quienes hoy están presos mañana no lo estarán y la
pregunta es cómo salen a la calle.
