Un nuevo hecho sacude el escenario político provincial con
la difusión de una presentación judicial contra Omar Manuel Ludueña, empleado
de planta permanente de la Unicameral.
El acusado militaba en la
seccional cuarta de la Unión Cívica Radical (UCR) de Córdoba y se desempeñaba
como colaborador dentro del espacio de la oposición.
La acusación formal ingresó el 15
de agosto ante la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de la
provincia. Fue detenido este viernes en Córdoba en el marco de una
investigación por presunto abuso sexual. La orden de arresto fue librada por la
fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual del 2° turno, Ingrid Vago.
La denunciante fue identificada como "Rocío" para
preservar su identidad. En declaraciones brindadas a La Voz, contó que actuó
judicialmente luego de ser madre. La víctima relató que a los 6 años existió
una exposición ante las autoridades que no continuó debido a temores e
intimidaciones.
Piden la renuncia de Ferrero
Los sectores más duros del oficialismo cordobés salieron a
pedir la renuncia de la legisladora radical oriunda de San Francisco, Alejandra
Ferrero.
El presidente del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba,
Facundo Torres, apuntó directamente contra la bancada radical: “Durante días
algunos radicales se creyeron fiscales, jueces y dueños de la moral. Señalaron,
condenaron y exigieron expulsiones, suspensiones y hasta juicio político antes
de que la Justicia se pronunciara”, advirtió.
“Ahora los estamos observando, mientras quedan frente al
reflejo del espejo que ellos mismos construyeron. Porque cuando uno pasa
demasiado tiempo repartiendo agua bendita, llega un momento en que también
tiene que enfrentar su doble y escurridiza moral”, agregó.
Uno de los más duros fue el legislador justicialista Marcelo
Eslava, dirigente con militancia en el peronismo del norte cordobés junto a
Flores, quien dijo a La Voz del Interior que Ferrero debería dimitir.
“La vara no es igual para todos. Estos delitos son una
barbaridad. A Flores lo mataron. Nosotros vamos a ir a fondo. No puede ser que
sigan diciendo que los peronistas somos los corruptos. ¿Ellos qué dicen
ahora?”, se preguntó el legislador.
“Sería importante que la Unión Cívica Radical aplique la
misma vara que utilizó en su momento frente al caso Villarreal. Si entonces consideraron
que existía una responsabilidad moral del legislador en cuestión, hoy deberían
sostener el mismo criterio y analizar con igual rigurosidad la responsabilidad
moral de la legisladora Alejandra Ferrero”, sostuvo Leonardo Limia.
La justicialista Ileana Quaglino apuntó contra Ferrero, pero
también contra el exdiputado Rodrigo de Loredo y la concejala Elisa Caffaratti,
ya que Ludueña ingresó durante el paso como por la legisladora en 2011, y desde
2015 quedó como empleado de planta permanente cumpliendo tareas en el bloque de
la UCR.
“Háganse cargo. Es muy fácil hablar, señalar y condenar
cuando el problema apunta hacia afuera, pero la verdadera convicción se
demuestra cuando los hechos ocurren en las propias filas. La moral selectiva y
el oportunismo para sacar rédito dejan en evidencia a quienes pasaron demasiado
tiempo repartiendo juicios ajenos y ahora evaden enfrentar su propia
coherencia”, dijo Quaglino.
La discusión dentro del oficialismo pasa ahora por saber si
la bancada avanzará con un pedido de apartamiento o suspensión contra Ferrero,
tal como la UCR exigió en el caso del entonces legislador Ramón Ernesto Flores,
cuando se conoció que José Villarreal, su asesor, había sido detenido en el
marco de una causa por grooming y abuso infantil.
También la justicialista Cristina Pereyra, de la seccional
cuarta, donde Ludueña militaba para la UCR, habló de renuncias.
“Ahora estarán pidiendo la expulsión de la legisladora y la
concejal involucradas y responsabilidades al presidente del bloque, ¿no? Cuando
se trataba del peronismo, la responsabilidad era para todos. A ver si sostienen
la misma vara ahora que el problema está en sus filas”, lanzó.
La respuesta desde la UCR
En el bloque de la UCR, la reacción de los legisladores
oficialistas generó malestar y varias conversaciones internas.
Lo que intentó remarcar el radicalismo en las últimas horas
es que, a su entender, no existe punto de comparación entre los asesores
apartados de Flores, uno de ellos detenido por abuso infantil, y la situación
de Ludueña, ya que señalaron que se trata de un empleado de planta permanente
de la Legislatura.
El presidente del bloque radical, Matías Gvozdenovich, dijo:
"No somos iguales. No hay nada que comparar. Ante una denuncia dolorosa,
Ferrero y Caffaratti hicieron exactamente lo que debe hacer cualquier
funcionario público: denunciaron, contactaron a la víctima, se pusieron a
disposición de la Justicia, hicieron visible la situación y reclamaron medidas
ante la Legislatura".
"Por eso, intentar comparar su accionar con el
vergonzoso caso de “Cañito” Flores es una maniobra miserable destinada
exclusivamente a ensuciar a dos funcionarias que cumplieron con su deber",
aseguró.
Miguel Nicolás, ante la consulta de La Voz, salió a
responder al presidente del bloque oficialista.
“Facundo Torres, nunca podés comparar un caso aislado e
individual, de hace más de dos décadas, contra la trama mafiosa de Villa María
del Río Seco, a la que ustedes trataron de proteger desde la Legislatura con
sus votos. No hay vara para medir lo abominable del norte cordobés con la
actitud asumida por la UCR que, apenas conoció y tomó estado público esta
actitud denunciada, pidió a la vicegobernadora que lo separaran del
cargo", dijo.
“¿Qué pedimos como UCR? Que estos hechos aberrantes no se
tapen uno con el otro, que los dos se investiguen a fondo y, de resultar
ciertos, se les aplique todo el rigor de la ley”, expresó.
La concejala Caffaratti, con quien se vinculó Ludueña en su
trabajo de militancia en la seccional Cuarta, también salió a hablar. "A
las dos horas de tomar conocimiento, fuimos a la Justicia. Pedimos el
apartamiento. No ocultamos, no dilatamos ni miramos para otro lado. ¿Ustedes
qué hicieron cuando les tocó actuar? Licencias", expresó.
En la misma línea se expresó la legisladora Brenda Austin.
"Me parece muy ridículo el intento de comparación.
"Las razones por las cuales nosotros pedimos la
expulsión de Flores no tuvo que ver tanto con su involucramiento en la causa
que se investiga en Villa de María del Río Seco, sino con su rol sostenido de
nombrar en los cargos públicos como asesores políticos a personas que él
conocía y sabía que tenían antecedentes penales... la diferencia es abismal, es
una persona que hizo, usó su cargo político para encubrir, para apañar, para
ascender, para nombrar a personas que conocía, que estaban cometiendo delitos
dentro de su entorno más cercano", afirmó.
Pedido de desvinculación en la
Unicameral
Luego de tomar conocimiento del
caso mediante mensajes en redes sociales, autoridades del bloque opositor
realizaron presentaciones ante la Justicia.
La legisladora sanfrancisqueña, Alejandra
Ferrero, elevó una nota a la vicegobernadora solicitando el apartamiento
preventivo de Ludueña.
“Pedí el apartamiento y que se arbitren las medidas
disciplinarias urgentes frente a esta situación tan grave”, afirmó Ferrero.
Situación administrativa y antecedentes
Ludueña ingresó como colaborador legislativo en 2011 y
accedió a la planta permanente en 2015 luego de rendir un concurso público.
Desde el bloque radical aclararon que el empleado había
presentado los certificados de antecedentes penales sin registrar condenas
previas.
Actualmente, las autoridades administrativas de la
Unicameral deberán dictaminar los pasos a seguir respecto al estatuto del
empleo público.
En tanto, las referentes políticas enfatizaron su
acompañamiento a la denunciante a la espera de definiciones de la Justicia. (Con información de La Voz y El Doce)
