El sanfrancisqueño, Néstor Gómez, se prepara para
un nuevo rol en el esquema de gobierno de la provincia de Córdoba. Hombre de
extrema confianza del gobernador Martín Llaryora, pasó por varios sectores
dentro del municipio de San Francisco, y ahora también juega un papel de
relevancia en la gestión provincial.
En las últimas horas, se conoció que el abogado
sería designado como nuevo fiscal adjunto del Ministerio Público Fiscal de
Córdoba, cargo que dejaría vacante Bettina Croppi, quien será propuesta por el
Ejecutivo como titular de la Procuración Penitenciaria recientemente creada
como contrafuego a la crónica crisis del sistema carcelario provincial.
Gómez, que se encontraba ejerciendo su función como defensor adjunto del Ministerio Público de la Defensa de Córdoba (Antes era vicepresidente de Lotería de Córdoba), asumirá en otro cargo clave en el ordenamiento propuesto por el gobernador, quien suma otro alfil de su "riñón" en este sector.

El camino de Gómez
Fue asesor letrado de la Municipalidad de San
Francisco durante la primera intendencia de Llaryora, y de allí en adelante
utilizó las secretarías de Servicios Públicos e Infraestructura; también pasó
por la presidencia de la Empresa Municipal del Gas (Emugas).
En 2023, Gómez logró una banca en el Concejo
Deliberante de San Francisco, aunque al ser convocado por el gobernador Martín
Llaryora su lugar terminó siendo ocupado por Claudio Rivolta, delegado del
Sindicato de Obreros Panaderos, en el marco del gobierno de Damián Bernarte.
Cabe destacar que además tiene experiencia
académica como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de
Santa Fe y es titular del estudio jurídico Néstor H. Gómez, con más de 95 años
de trayectoria.
En febrero de 2025, con el nuevo proyecto
aprobado de modificación de la Ley del Ministerio Público de la Defensa, el
gobernador Llaryora pudo sumar otros dos defensores al organismo creado en
septiembre de 2023, y allí ingresó Gómez como Defensor Adjunto del Ministerio
Público de Defensa de Córdoba.
Este Ministerio, cabe recordar, tiene como
función asistir en sus derechos a ciudadanos vulnerables y de manera gratuita.
La creación de estos nuevos cargos había
generado debate el año pasado por considerar la oposición la expansión de
nuevas estructuras, pero, además, por tratarse de cargos vitalicios con
salarios y jubilaciones de privilegio.
Ahora su rol estará en la Justicia provincial,
siendo uno de los máximos cargos del Ministerio Público Fiscal.