Con
la ley Bases ya tildada después de meses de engorrosas negaciones, la Cámara de
Diputados retoma su propia agenda y uno de los temas que vuelven a discutirse
es el de la reducción de la jornada laboral.
La
comisión de Legislación del Trabajo, que preside Martín Tetaz, citó para el martes a una reunión informativa para darle continuidad a este debate que busca
modificar la ley 11.524 que está vigente desde 1929.
Para
este encuentro está prevista una nueva ronda de invitados con especialistas
para analizar los distintos proyectos presentados por Unión por la Patria, la
UCR, el FIT y el socialismo santafesino.
En
la última reunión, que se llevó adelante el 6 de junio pasado, contrastaron sus
miradas abogados laboralistas, empresarios y representantes de organizaciones
sindicales.
La
comisión presidida por el radical Martín Tetaz busca avanzar en el tratamiento
de nueve proyectos de ley que comenzó a analizar desde octubre del 2023. Los
textos son impulsados por Unión por la Patria, el radicalismo, el Frente de
Izquierda y el socialismo santafesino.
Una
de las cargas más exigentes de Latinoamérica
La
normativa vigente desde hace casi un siglo establece jornadas laborales de un
máximo de 48 horas y hasta 9 horas por día. Se trata de una de las cargas
horarias más exigentes de América Latina y el mundo.
En
muchos países de la región y también en otros continentes se pudo avanzar en
los últimos años con reformas que acortaron la jornada laboral, con argumentos
multidimensionales, como por ejemplo la posibilidad de ampliar el mercado
formal de trabajo y la cantidad de trabajadores, la reducción del estrés
laboral, un mejor balance entre la vida personal y la laboral, y una mejora del
rendimiento y la productividad.
Esta
es la tercera vez que el Congreso aborda la propuesta de reducir la jornada
laboral ya que en 2015 tuvo dictamen, pero nunca se trató en el recinto de
Diputados, y el año pasado se devolvió a debatir estas iniciativas en
diferentes reuniones informativas donde participaron autoridades nacionales,
provinciales, organizaciones sindicales y empresarias.
Los
proyectos
Dentro
de los textos impulsados por UP, está el del diputado nacional Hugo Yasky
-secretario general de la CTA-, el cual establece que no se exceda de las 8
horas diarias o los 40 semanales, sin disminución del salario que los
trabajadores estén percibiendo en el momento en que se reduzca la duración del
trabajo.
En
el mismo sentido, el diputado nacional Sergio Palazzo -secretario general de la
Asociación Bancaria- propone que la jornada laboral tenga un máximo de 8 horas
diarias, pero que no exceda los cuatro días a la semana.
Los
proyectos de Eduardo Valdés (UP – CABA), Nicolás Del Caño y la exdiputada
Claudia Ormachea pretenden días laborales de 6 horas o 30 horas a la semana; y
los de Mónica Litza y el socialismo plantearon que no se excedan las 36 horas
semanales.
A
su vez, es parte del temario el proyecto de Vanesa Siley que establece el
derecho a la “desconexión digital” referido a la limitación de la
disponibilidad de la persona trabajadora en horarios que excedan la jornada
laboral a través de dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y
comunicación, a fin de garantizar el pleno ejercicio de su tiempo de descanso.
Del
mismo modo, será analizado un proyecto de Palazzo para modificar el artículo 19
del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley 20.744 que implementa
indemnizaciones en los casos de despidos cuando no se cumple el plazo de
preaviso. Esto ya fue aprobado por Diputados en 2014, pero no fue tratado en el
Senado y perdió estado parlamentario.
Por
su parte, desde la UCR impulsaron uno de Tetaz y otro de Julio Cobos. La
iniciativa presentada por el economista radial ya había sido tratada por esta
comisión en los períodos 2015 y 2023, pero finalmente nunca tuvo despacho. Este
nuevo texto unifica ambos proyectos.
Así
las cosas, el proyecto presentado por el titular de la comisión propone la
creación del régimen optativo “Jornada Laboral Alternativa” que permite que
cada sector pueda reflejar en el convenio colectivo de trabajo propio de su
actividad una o más opciones diferentes de jornadas laborales, teniendo en
cuenta las necesidades y características propias del desarrollo de cada
actividad. Establece, además, que sea experimentado a modo de prueba durante el
plazo de entre tres y seis meses.
Mientras
que el proyecto del mendocino impone la efectivización de las propinas a través
de pagos con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, billeteras virtuales o
cualquier otro medio de pago físico o electrónico.
Del
mismo modo, le exige al BCRA generar las normas para la rápida implementación a
efectos de que cada cliente pueda incluir las propinas en el pago del servicio
prestado o el producto vendido.
Fuente: NA
