El concejal
de Juntos por el Cambio, Luciano Stoppani, volvió a presentar el proyecto de
ordenanza donde propone que todos los funcionarios de la Municipalidad de San
Francisco -incluyendo al intendente, concejales, tribunos de cuentas, secretarios,
directores y cualquier otra autoridad con jerarquía equivalente- se sometan
obligatoriamente a un test de detección de drogas ilegales.
Es el
segundo año consecutivo que el dirigente del Pro impulsa esta iniciativa. En 2024, fue presentado
en el Concejo local pero el oficialismo por mayoría propia decidió enviarlo a
comisión, pero nunca le se dio tratamiento ni resolución. “El año pasado nos
dijeron que lo iban a analizar, pero acá estamos, sin una sola respuesta.
Espero que esta vez no hagan lo mismo y dejen de esquivar un debate que es
clave para la transparencia en la gestión”, apuntó Stoppani.
Según la
propuesta, el test será anual y obligatorio, con controles para detectar
sustancias como cocaína y cannabinoides. En caso de un resultado positivo, se
aplicarán protocolos de intervención y asistencia.
“El consumo
de drogas no es compatible con la función pública. Nunca sabemos qué pasa
puertas adentro, pero sí podemos exigir transparencia y compromiso. No podemos
permitirnos políticos con conductas dudosas, porque cada decisión que toman
impacta directamente en la vida de los ciudadanos”, afirmó el concejal.
El proyecto
será presentado en la primera sesión del Concejo Deliberante, y esta vez
Stoppani advierte que no aceptará más dilaciones ni maniobras para frenarlo.
“Ya les dimos un año para que tomen una decisión. Ahora no hay excusas”,
mencionó el dirigente del Pro.
Llaryora lo implementó en Córdoba
En julio pasado, el gobernador, Martín Llaryora,
asistió al hospital San Roque para someterse al análisis de laboratorio que
permite detectar la presencia de metabolitos de drogas ilegales en orina.
El estudio que se realizó Llaryora es en
cumplimiento de la ley 10954 de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana,
promulgada el pasado 26 de abril, que crea el Sistema Integrado de Seguridad
Pública y Convivencia Ciudadana, que establece el marco jurídico para la
implementación de un nuevo modelo que agilizará la lucha contra la inseguridad
y el narcotráfico.
El test, que puede concretarse en
establecimientos públicos y privados, es obligatorio para “las personas que
desempeñen funciones por elección popular, ministros, secretarios, subsecretarios,
directores, subdirectores, asesores y las personas que por disposición legal o
reglamentaria ejerzan funciones de jerarquía equivalentes a las de los cargos
mencionados.
La Ley indica que los funcionarios deben
presentar un certificado negativo expedido por institución médica que acredite
la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de
drogas psicotrópicas ilegales, conocido como Narcotest.
En caso de incumplimiento del artículo 66, que
exige el certificado negativo expedido por la institución médica que acredite
la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de
drogas psicotrópicas ilegales, conocido como Narcotest, la ley prevé la
aplicación del procedimiento vigente de la repartición donde reviste el
supuesto infractor.
En tanto que la reglamentación añade que se
comunicará dicha circunstancia a la autoridad competente y se dará la
intervención correspondiente al ministerio de Salud para que realice el
abordaje integral y tome las medidas de contención y asistencia de la persona
afectada.
