La
Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó el embargo de 424 mil dólares sobre los bienes de los
hijos y del exlegislador Oscar González
(77), imputado por presunto crecimiento patrimonial no justificado y maniobras
de lavado de dinero, tras haber convalidado días atrás su prisión domiciliaria.
González
afronta una causa por enriquecimiento ilícito y lavado de activos que no está
relacionada judicialmente con el choque que protagonizó el 29 de octubre de 2022
en el Camino de las Altas Cumbres en el que murió la docente Alejandra Bengoa y dos adolescentes
terminaron con graves heridas y secuelas.
La
acusación federal, a cargo del fiscal N° 3, Maximiliano Hairabedian, tiene origen en una denuncia que llevó
adelante en 2024 la legisladora Luciana
Echevarría. La dirigente de izquierda cuestionó movimientos y traspasos de
bienes que habría realizado González a sus familiares directos luego del
siniestro vial.
Tras
analizar diversos elementos probatorios, el fiscal sostuvo que González no pudo
demostrar que los ingresos que recibió como funcionario y legislador sean
suficientes para explicar el crecimiento patrimonial que exhiben sus
declaraciones de bienes.
Por
ese motivo, lo acusó de los delitos de
enriquecimiento ilícito y lavado de activos y pidió la detención de González,
la que se materializó en febrero en la modalidad de prisión domiciliaria (tiene
77 años), con tobillera electrónica.
Últimos
movimientos en la causa
En
los últimos días, surgieron movimeintos en la causa: uno relacionado con la
domiciliaria, y otro con los embargos sobre los bienes de González.
La
Sala A de la Cámara Federal confirmó la domiciliaria a González dictada por el
juez N° 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja
al considerar que persisten los riesgos procesales, en particular, que el
exfuncionario entorpezca la investigación o eluda a la Justicia. La Cámara
estableció que la domiciliaria tenga un plazo inicial de cuatro meses, que
podrá ser prorrogada por el juez.
El
mismo magistrado había también ordenado en marzo el embargo sobre los bienes de
González y sus hijos, Oscar Martín
González, Ana Carolina González y Diego Raúl González, hasta cubrir
424.095,89 dólares. En caso de inexistencia o desconocimiento de bienes que
puedan ser objeto del embargo preventivo o si los mismos fueran insuficientes
se dispondrá la inhibición general de bienes.
Al
justificar la medida, Vaca Narvaja señaló que de la imputación se desprende la
existencia de elementos que permiten sospechar provisoriamente sobre la
existencia de los hechos y la participación de González.
En
cuando al monto de los embargos, el juez señaló que los importes propuestos por
el fiscal se ajustaban a los parámetros que rigen a este tipo de medidas
cautelares, ya que el monto se ajusta al valor declarado en las operaciones
inmobiliarias y tenencias presuntamente injustificadas de dinero.
Apelación
Los
abogados del exlegislador, Miguel Ortiz
Pellegrini y Leandro Ortiz Morán, apelaron la medida. Sostuvieron que no
existen fundamentos que den sustento a los montos de los embargos, ni la
vinculación que tiene con los hechos imputados. También alegaron que
desconocían cómo se llegó a la cifra de U$S 424.095,89, por lo que consideraron
un monto arbitrario.
Los
defensores cuestionaron que el juez haya señalado que la transferencia
realizada por González mediante donación a favor de sus hijos haya sido
consecuencia del avance de la causa penal en su contra en la Justicia
provincial.
