La
Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó el embargo de 424 mil dólares sobre los bienes de los
hijos y del exlegislador Oscar González
(77), imputado por presunto crecimiento patrimonial no justificado y maniobras
de lavado de dinero, tras haber convalidado días atrás su prisión domiciliaria.
González afronta una causa por enriquecimiento ilícito y lavado de activos que no está relacionada judicialmente con el choque que protagonizó el 29 de octubre de 2022 en el Camino de las Altas Cumbres en el que murió la docente Alejandra Bengoa y dos adolescentes terminaron con graves heridas y secuelas.
La acusación federal, a cargo del fiscal N° 3, Maximiliano Hairabedian, tiene origen en una denuncia que llevó adelante en 2024 la legisladora Luciana Echevarría. La dirigente de izquierda cuestionó movimientos y traspasos de bienes que habría realizado González a sus familiares directos luego del siniestro vial.
Tras analizar diversos elementos probatorios, el fiscal sostuvo que González no pudo demostrar que los ingresos que recibió como funcionario y legislador sean suficientes para explicar el crecimiento patrimonial que exhiben sus declaraciones de bienes.
Por ese motivo, lo acusó de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos y pidió la detención de González, la que se materializó en febrero en la modalidad de prisión domiciliaria (tiene 77 años), con tobillera electrónica.
Últimos movimientos en la causa
En los últimos días, surgieron movimeintos en la causa: uno relacionado con la domiciliaria, y otro con los embargos sobre los bienes de González.
La Sala A de la Cámara Federal confirmó la domiciliaria a González dictada por el juez N° 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja al considerar que persisten los riesgos procesales, en particular, que el exfuncionario entorpezca la investigación o eluda a la Justicia. La Cámara estableció que la domiciliaria tenga un plazo inicial de cuatro meses, que podrá ser prorrogada por el juez.
El mismo magistrado había también ordenado en marzo el embargo sobre los bienes de González y sus hijos, Oscar Martín González, Ana Carolina González y Diego Raúl González, hasta cubrir 424.095,89 dólares. En caso de inexistencia o desconocimiento de bienes que puedan ser objeto del embargo preventivo o si los mismos fueran insuficientes se dispondrá la inhibición general de bienes.
Al justificar la medida, Vaca Narvaja señaló que de la imputación se desprende la existencia de elementos que permiten sospechar provisoriamente sobre la existencia de los hechos y la participación de González.
En cuando al monto de los embargos, el juez señaló que los importes propuestos por el fiscal se ajustaban a los parámetros que rigen a este tipo de medidas cautelares, ya que el monto se ajusta al valor declarado en las operaciones inmobiliarias y tenencias presuntamente injustificadas de dinero.
Apelación
Los abogados del exlegislador, Miguel Ortiz Pellegrini y Leandro Ortiz Morán, apelaron la medida. Sostuvieron que no existen fundamentos que den sustento a los montos de los embargos, ni la vinculación que tiene con los hechos imputados. También alegaron que desconocían cómo se llegó a la cifra de U$S 424.095,89, por lo que consideraron un monto arbitrario.
Los defensores cuestionaron que el juez haya señalado que la transferencia realizada por González mediante donación a favor de sus hijos haya sido consecuencia del avance de la causa penal en su contra en la Justicia provincial.
