Si bien desde los bloques opositores en San
Francisco desde hace tiempo marcan la necesidad de que la Municipalidad avance
en un proyecto de ficha limpia que impida que la ciudad tenga funcionarios con
antecedentes penales, luego del caso Agostina Vega, insistieron en las últimas sesiones
con proyectos que buscan exigir antecedentes penales a los funcionarios,
empleados y contratados.
Esta semana, en la sesión del Concejo Deliberante, el
concejal de Juntos por el Cambio, Marco Puricelli, con acompañamiento de los
otros ediles del bloque, presentó un pedido de informe que el municipio indique
si todo personal municipal, bajo la modalidad que sea, se le exige la
presentación de certificado de antecedentes penales.
A la vez, el pedido de informe consulta qué
procedimientos de verificación y control aplica el municipio respecto de
antecedentes penales, incompatibilidades legales o impedimentos para el ejercicio
de la administración pública.
En su proyecto, Puricelli, también solicita que
el gobierno local informe si existen personas que registren condenas penales
firmes que impliquen inhabilitación para el ejercicio de cargos o funciones
públicas, indicando cantidad de casos y medidas administrativas adoptadas.
En los fundamentos, el edil explicó que el fin
es “garantizar la transparencia en la gestión pública, fortalecer los mecanismos
de control institucional y verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos
para el ingreso y permanencia de personas que prestan funciones en la
Administración Municipal”.
Asimismo, agregó que “resulta de interés
público conocer si el municipio aplica los controles previstos en la normativa
vigente respecto de las personas inscriptas en registros de deudores
alimentarios morosos, atento a las restricciones que diversas disposiciones
legales establecen para el acceso y permanencia en determinados cargos, contrataciones
y beneficios estatales, así como las acciones administrativas implementadas
ante la detección de tales situaciones”.
Roffé también
La semana anterior, la concejal de San
Francisco Cambia, Cecilia Roffé, también presentó un proyecto de ordenanza que
establece la obligatoriedad de presentar certificados de antecedentes penales
como requisito previo para el ingreso a la Administración Pública Municipal.
La iniciativa dispone que toda persona que sea
designada como funcionario, agente o empleado municipal, sin importar la
modalidad de contratación, deberá acompañar, antes del dictado del acto
administrativo correspondiente, el Certificado de Antecedentes Penales expedido
por la Policía de la Provincia de Córdoba y el Certificado de Reincidencia
emitido por el Registro Nacional de Reincidencia. Ambos documentos deberán
contar con una antigüedad no mayor a treinta días.
“El objetivo es claro: recuperar la confianza
de los vecinos en las instituciones públicas, estableciendo reglas
transparentes y exigencias básicas para quienes integran el Estado”, sostuvo la
autora del proyecto que se debate en el Concejo Deliberante.
Tema en auge
Pese a que estas iniciativas son presentadas
por los bloques opositores, en la mayoría de los casos no siguen curso por
potestad del oficialismo, sin lugar a dudas el femicidio de Agostina Vega
expuso esta temática en distintos puntos de la ciudad, como así también en la
política local. Que como en toda entidad privada, se exija para ingresar al
municipio un certificado de antecedentes penales.
