Como primer proyecto de este 2026, la concejala de San Francisco Cambia Cecilia Roffé volvió a presentar en el Concejo Deliberante un proyecto de
ordenanza que propone la adhesión de la ciudad a la Ley Provincial Nº 8892, que
crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
La iniciativa plantea que la Municipalidad, el
Concejo Deliberante, el Tribunal de Cuentas y las empresas de economía mixta no
puedan designar como funcionarios o empleados a personas que registren deudas
alimentarias. Asimismo, establece que quienes se encuentren inscriptos en el
registro no podrán ser proveedores ni contratistas del Estado municipal.
En la misma línea, Roffé viene impulsando desde
años anteriores propuestas para limitar el acceso de deudores alimentarios a
determinadas habilitaciones municipales, como la licencia de conducir.
Se trata del sexto año consecutivo en que la
concejala insiste con esta iniciativa, que hasta el momento no logró el
acompañamiento del oficialismo para su aprobación. No obstante, manifestó su
expectativa de que en el presente período legislativo pueda ser finalmente
Ordenanza.
Roffé sostuvo que el objetivo central del
proyecto es fortalecer criterios de responsabilidad y coherencia ética en el
ejercicio de funciones públicas y en la contratación estatal, remarcando la
importancia de que el Estado adopte estándares claros frente al incumplimiento
de obligaciones alimentarias.
Sacanta dio el puntapié
El Concejo Deliberante de la localidad de
Sacanta, en el departamento San Justo, aprobó una ordenanza que impide el
acceso a beneficios económicos, descuentos por pronto pago, planes de pago con
quitas de intereses y al estatus de “Vecino Cumplidor” a los progenitores
incumplidores de la cuota alimentaria.
La iniciativa fue presentada por el concejal
oficialista Gastón Michel (UCR) y entrará en vigencia a partir del ejercicio
fiscal 2026. Alcanzará a quienes figuren en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos o cuenten con incumplimiento alimentario acreditado por
resolución judicial firme.
La norma busca promover el cumplimiento de una
obligación legal y moral fundamental, priorizando el interés superior de niñas,
niños y adolescentes y vinculando los beneficios municipales con conductas
responsables y solidarias.
En diálogo con Up, Michel explicó que el
proyecto surgió hablando con vecinos pero también abogados, quienes le
ratificaron que existe desde el último tiempo una mayor conflictividad en este
aspecto.
“Cada niño, niña y adolescente debe tener los
medios a través de sus progenitores para que en su infancia encuentren
oportunidades, crecimiento, salud y educación”, sostuvo y aclaró que la norma
le fe facilitada a otros municipios que también quieren sumarla como medida.
Asimismo, Michel indicó que trabajaron en
conjunto con la legisladora radical Alejandra Ferrero, quien la llevará a
debate en la Legislatura de Córdoba, para tratar de convertirla en ley
provincial el 2026.
