La Cámara de Diputados iniciará el miércoles que viene el tratamiento del
proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para bajar la edad de imputabilidad
a los 13 años. Será en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y
Presupuesto y Hacienda el 31 de julio a las 12:30 en el Anexo C.
La propuesta del Poder Ejecutivo plantea un nuevo régimen penal juvenil
para adolescentes de entre 13 y 18 años, “cuando fueran imputados por un hecho
tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales
vigentes o que se dicten en el futuro”.
En los fundamentos del proyecto, se señala que “actualmente, los delitos
cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes”, lo cual
"genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como
la sociedad en general”.
Y se puntualizó que el piso de 16 años para ser punible dista de otros
países de la Región como en Chile, Colombia y Perú, que es de 14 años;
Guatemala, Nicaragua y Uruguay, a los 13 años; Brasil y México, a los 12 años;
y Granada y Trinidad y Tobago, a los 7 años.
La opinión de dos especialistas de San Francisco
Ex fiscal de San Francisco en contra de bajar la edad de imputabilidad:
citó un ejemplo local y habló de “sinsentido”.
Bernardo
Alberione sigue atento a lo que pase con esta iniciativa del Gobierno nacional.
Recordó el perdón de Rosa, a quien le mataron un hijo, y dijo que el sistema de
menores no es punitivo.
Rosa
Gallegos vivió en carne propia la peor
tragedia: enterrar a un hijo. En su caso, un hijo al que
mataron violentamente dentro de una cancha de fútbol, tan solo por una pelea
irrelevante, de esas que suelen darse de manera constante en el fútbol amateur.
Su
caso traspasó las fronteras de San Francisco por la ferocidad con la que fue
asesinado Cristian Robledo el 18 de abril de 2019, en la
cancha del Club La Milka. En ese momento se disputaba un partido donde los
ánimos caldeados detonaron en una pelea en la que, además, intervino el
público.
Por
el hecho, tres mayores de edad fueron condenados a 12 años de prisión,
mientras que otros dos participantes de la agresión a Robledo tenían menos de
18 años. El 26 de agosto de 2022, en el marco de una audiencia de
imposición de pena que debía determinar si a estos dos últimos le dictaban pena
de cárcel efectiva o absolvían, la mujer tomó una actitud pocas veces vista.
Rosa
aclaró que su pérdida era "irreparable"; sin embargo, perdonó
públicamente a los agresores y los instó a que reencausen sus vidas, piensen en
sus familias, sean buenas personas y respeten los derechos de los demás.
"Ahora tienen la oportunidad, por su bien y el de sus familias", les
dijo entre otras cosas la mujer.
El
discurso de Gallegos hizo que tanto el fiscal de Delitos Complejos, Bernardo
Alberione, como el juez de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y de
Género y Penal Juvenil, Andrés Peretti, terminen plenamente
emocionados.
Los
dos menores debieron afrontar el periodo sociocoportamental en el Complejo
Esperanza, luego siguieron sus vidas en libertad.
Un
caso ejemplo, según un ex fiscal
El
ejemplo de Rosa es citado por Alberione al momento de dar su opinión respecto
del proyecto del Gobierno nacional que estipula la baja de la edad de
imputabilidad de 16 a 13 años.
"Es
un sinsentido bajar la edad a los 13 años. Uno no debe trabajar a corto plazo,
no en forma espasmódica, sino de manera coherente y sustentable", le dijo
a Up.
Esta
semana se conoció que la primera reunión del plenario de comisiones de
Legislación Penal, Justicia y Presupuesto, para tratar la iniciativa, será el
próximo 31 de julio.
Y
mientras se escuchan voces a favor y en contra del proyecto, como la del mismo juez Andrés
Peretti, Alberione prefiere además ejemplificar con el caso
Gallegos.
"A
Rosa, que le mataron el hijo a patadas en una cancha de fútbol, cuando estaban
juzgando a los dos menores pidió que se los absuelva porque los chicos pidieron
perdón. Ella no quería hacer más daño a esas familias y estos chicos habían
cumplido con las normas de conducta que impuso el juez (Andrés Peretti)",
recordó.
En
base a ello, agregó: "A una persona de 13 años hay que educarla. El
sistema de menores no es punitivo, sino que trata de resocializar, de darle una
oportunidad sin ser penado porque no tienen la plena comprensión de la
criminalidad de sus actos", sostuvo.
Luego
indicó que si existe delito juvenil "algo estamos haciendo mal como
sociedad" y pidió revisar por qué mucha gente no tiene acceso a cosas
básicas como el alimento y la educación.
"Con
estas medidas se buscan votos. Pero se le sigue dando la espalda a mucha gente,
sino no se entiende los niveles de pobreza que hay en el país. La víctima no
solamente es quien sufre un delito, sino también quien sufre el abandono como
muchos chicos", resaltó el ex fiscal, quien finalizó su carrera judicial
recientemente.
Otra opinión
Baja
en la edad de imputabilidad: “No va a impactar en mayor seguridad para la
ciudadanía”, señaló el juez de Niñez
Andrés
Peretti se mostró en desacuerdo con el proyecto que el gobierno nacional envió
al Congreso. Sostuvo que de aprobarse puede tener un efecto completamente
adverso al que se busca.
El juez de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y Género y Penal
Juvenil en los tribunales de San Francisco, entiende que con esta modificación
de trata de tapar problemas más serios bajo la alfombra. Por ejemplo, como los
grandes niveles de pobreza que tiene el país y donde niños, niñas y
adolescentes están inmersos.
Asimismo,
el funcionario judicial prefiere hablar de punibilidad y no de imputabilidad:
"Hay personas que son mayores de edad y son inimputables. Por eso lo
correcto es hablar de la baja de la edad de punibilidad", le dice a Up en
una entrevista donde brindó su pensamiento respecto a este tema.
La
punibilidad es un elemento secundario del delito, que consiste en el
merecimiento de una pena, en función o por razón de la comisión de un delito.
Esto se encuentra en el Código Penal.
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El Gobierno envió al Congreso días atrás el proyecto para bajar la
imputabilidad a 13 años o como usted plantea la edad de punibilidad. Fue una
promesa de campaña que ahora piensa ejecutar.
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Especialistas en cuestiones de penal juvenil como son Mary Beloff o Matiniano Terragni,
reconocidas a nivel internacional, sostienen que no se puede discutir la baja
de punibilidad en diversos momentos. Una es cuando sucede el hecho grave y otra
es cuando estamos en el marco de una elección o al poco tiempo de haber pasado
una. Bueno, en Argentina se dio todo este debate con esa conjunción de cosas
que suelen utilizarse de manera incorrecta no llevando a un debate serio que es
lo que queremos aquellas personas que nos dedicamos a esto. Hacer un análisis
que exceda el oportunismo o el rédito político.
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¿Tuvieron acceso al proyecto? En ese caso, ¿qué vieron?
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Sí. Fue una sorpresa que el proyecto que terminó siendo presentado en el
Congreso habla de 13 años. Se venía discutiendo la cuestión porque se decía que
iba a ser 14 pero en el medio la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) dijo
que lo correcto eran 12 años. Además de la edad existen un montón de cosas como
errores de ortografía bastante graves y cuestiones técnicas porque se sigue
hablando de menores, algo muy peyorativo, cuando en realidad tenemos que hablar
de niños, niñas y adolescentes. Termina siendo una regresión a lo que
históricamente se consideró, hablar de menores es hablar de objetos de
protección, no sujetos de derecho como fue históricamente la cuestión de la niñez
de nuestro país. De nuestra parte vamos a refutar todas las ideas que
permanentemente estamos trabajando y nuevamente apelamos a un debate serio
porque volvemos siempre al mismo punto: cuáles son los objetivos que tiene este
nuevo proyecto que fue enviado al Congreso, en el cual dice terminar con la
impunidad, mejorar la seguridad o mejor dicho terminar con la inseguridad. Son
todos latiguillos.
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¿Las estadísticas que hablan del delito juvenil qué muestran?
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Los delitos cometidos por menores de 18 años oscilan tanto a nivel nacional
como en la provincia de Córdoba, entre un 3 y un 4 por ciento de los que
cometen los mayores. Entonces, la medida que se va a discutir no va a impactar
en mayor seguridad para la ciudadanía. Será prácticamente ínfimo, con lo cual
ahí empezamos nuevamente a revisar qué es lo que se está buscando con esta idea
de bajar la edad. De ese 3 o 4 por ciento, los delitos graves que cometen los
jóvenes no punibles, de 16 años para abajo, es solamente el 1 por ciento.
Cuando hablamos de delitos graves nos referimos a homicidios, abusos sexuales,
robos calificados con uso de armas, delitos donde la pena es relativamente
alta.
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La estadística no apoya el ferviente deseo de este gobierno.
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Lo que hoy estamos discutiendo, de si tienen que bajarle la punibilidad,
representa el uno por ciento de los delitos a nivel nacional. Con lo cual, lo
que se va a lograr en cuanto a términos de seguridad o en cuanto a términos de
más personas presas, va a ser ínfimo, no va a tener un impacto como el que se
está buscando.
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De aprobarse la ley: ¿cómo sería la situación en un lugar como el Complejo
Esperanza, adonde llegan los adolescentes que cometen un delito en Córdoba?
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Una situación así podría generar un problema a futuro. Quedan actualmente 48
plazas en el Complejo Esperanza, por lo que no está colmada su capacidad al
máximo como si ocurre en los complejos penitenciarios para adultos. Pero en
este espacio eso no pasa porque las personas que nos dedicamos al fuero junto
con la Justicia de la provincia de Córdoba trabajamos cada vez más en medidas
de carácter alternativo a lo que representa la privación de libertad, lo que
redujo considerablemente la cantidad de personas jóvenes en el Complejo
Esperanza. Ahora esta cuestión de bajar
la edad de punibilidad puede llegar a impactar en que nuevamente tengamos una
población alta en lo que hace a los menores de edad. Para nuestra ley de ejecución
penal, las cárceles no son para castigo sino para resocializar, para que
eventualmente cuando se cumple la pena privativa de la libertad tengamos un
joven o eventualmente una persona adulta capaz de respetar los derechos de
terceras personas. Pero cuando existe superpoblación o determinados límites que
se superan es imposible que se pueda prestar un servicio en el cual
resocializar. Entonces mientras más personas existan en la cárcel, menos
posibilidad de resocializar existe.
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Eso es un problema del Estado y grave.
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Los presupuestos son limitados. Por más de que creamos de que existen recursos,
que sale dinero, bueno, esto no es así. Y mientras más personas haya privadas
de su libertad, menos posibilidad existe de que se preste un servicio de
resocialización eficiente. Allí hay una primera falla. Y, además, la
superpoblación carcelaria termina convirtiendo a las personas responsables de
un delito por primera vez en expertos en el delito porque conviven con otros
que son reincidentes. Entonces, si nosotros lo que queremos lograr es que este
tipo de personas, los menores de edad, tengan un efecto de que no vuelvan a
cometer delito, de que se pueda reinsertar en la sociedad, de que puedan ser
reeducados o en algunos casos educados porque muchas veces ni siquiera tienen
cuestiones básicas de educación cubiertas, lo que vamos a lograr es justamente
el efecto contrario. Vamos a tener expertos en la delincuencia. Entonces
bajarle la punibilidad puede llegar a tener un efecto completamente adverso al
que estamos buscando.
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¿Hay ejemplos positivos en América Latina respecto a lo que quiere hacer el
presidente Javier Milei?
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Brasil de todo lo que es Latinoamérica tiene la cuestión carcelaria y de
ejecución penal más fuerte. Y cada vez construyen más cárceles. Mano dura y
todas esas cosas que nos quieren vender como algo positivo tienen un resultado
altamente regresivo. La delincuencia en Brasil tiene los niveles más altos
históricos. Esa es una realidad. En Argentina desde el año 2000 hasta hoy crece
como un relojito la cantidad de personas privadas de libertad, entre un cinco y
un siete por ciento por año. Hoy el país tiene 120 mil presos y la sensación de
inseguridad es cada vez mayor. Entonces, ¿qué vamos a lograr? Volvemos siempre
a la misma pregunta. ¿Representa más seguridad? Al contrario. La forma de
lograr mayor seguridad es trabajar en prevención y alternativas a la resolución
de conflictos que no están vinculadas con la privación de la libertad.
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Hay un contexto social que parece no tenerse en cuenta.
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Es un punto importante. Hoy en Argentina tenemos el 58,4 por ciento de menores
de 18 años que están por debajo del nivel de pobreza. Entonces, nos queda claro
que el problema de la delincuencia juvenil y también de adultos, por supuesto,
no es un problema del derecho penal. Y no es sacarnos el lazo. Los delitos y la
delincuencia tienen consecuencias, tiene origen en cuestiones culturales, de
educación, sociales. El informe PISA (Programa para la Evaluación Internacional
de los Estudiantes), que se publicó el año pasado muestra un 60 por ciento de
los niños menores de 18 años que no cumplen con el nivel uno y dos que es de
lecto comprensión. Entonces hablar de bajar la punibilidad en este escenario es
meter abajo de la alfombra un gran problema, el cual no está vinculado al
derecho penal. No estamos cubriendo las necesidades básicas que tienen que ser
cubiertas por las políticas públicas.
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¿Es un fracaso de la del Estado?
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Cien por ciento.
