Cientos de prestadores de
discapacidad de San Francisco y zona iniciaron un paro total de actividades
durante esta semana en reclamo por la falta de implementación de la
recientemente aprobada Ley de Emergencia en Discapacidad.
Además, este miércoles realizarán una marcha en el centro de la ciudad concentrándose desde las 20 en el Jardín Botánico.
Si bien la Ley fue sancionada y
promulgada, aún no se encuentra en vigencia, lo que impide que se apliquen las
medidas urgentes que contempla para garantizar el sostenimiento del sistema.
“Durante años, los profesionales
que trabajamos en el ámbito de la discapacidad venimos sosteniendo nuestra
tarea en condiciones cada vez más críticas”, sostuvo Sandra Kesler, profesional
de San Francisco.
Entre los reclamos que plantean
se encuentran los “cobros con retrasos de meses, aranceles desactualizados que no
acompañan la inflación ni reflejan el valor real de las prestaciones, y falta de
estabilidad laboral y de reconocimiento efectivo por parte de las obras
sociales y los organismos de financiamiento”.
Según indican desde los
diferentes centros integradores, esta situación no solo afecta a los
prestadores, sino que pone en riesgo la continuidad de los tratamientos y los
derechos de las personas con discapacidad.
A la vez recuerdan que la Ley de
Emergencia en Discapacidad no se limita al derecho a las prestaciones. También
contempla el acceso a una educación inclusiva y de calidad, la inclusión
laboral y la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal en todos los
ámbitos y la protección social y económica de las personas con discapacidad y
sus familias.
“Sin la puesta en marcha
inmediata de la Ley, todos estos derechos quedan en suspenso”, lamentó Kesler, agregando que este paro es una acción
colectiva para defender el sistema que las acompaña: "Nuestro compromiso con las
personas con discapacidad sigue intacto. Pero ya no podemos sostener con
esfuerzo individual lo que requiere una decisión política urgente”, sostuvo.
“Exigimos que la Ley de
Emergencia en Discapacidad entre en vigencia de forma inmediata y que se
garantice el financiamiento necesario para que las prestaciones y los derechos
de las personas con discapacidad sean una realidad y no una promesa”, finalizó.
