Esta semana terminaron de abrir las propuestas
para los tres tramos en que dividió la obra remanente. Según trascendió, hubo
múltiples empresas interesadas. Sin embargo, aún hay escollos para avanzar con
los trabajos. Sucede que sigue abierto el litigio con las contratistas
originales CRZ Construcciones SA-Perales Aguiar SA-UTE. Milei rescindió el
contrato pero la adjudicataria recurrió la medida. “Agotada la vía
administrativa, podemos avanzar aunque la empresa recurra a la Justicia”, dijo
una fuente. De todas maneras, los tiempos para concluir la obra se dilatarán
más de la cuenta
La empresa Caminos de las Sierras concluyó la
recepción de propuestas para licitar los tres tramos remanentes de la Autopista
entre Córdoba y San Francisco, obra que requerirá una inversión de 153,2
millones de dólares y un plazo de ejecución de 18 meses.
Se trata de una ruta emblemática para el
gobernador Martín Llaryora, que -luego de la autopista a Buenos Aires- es una
vía clave para el Mercosur y cuya ejecución, al igual que la autopista de la
ruta 9, o el cierre del Anillo de Circunvalación de la ciudad de Córdoba, fue
prometida durante años pero nunca concretada. De hecho, fue la propia Provincia
de Córdoba la que inició los trabajos en el tramo desde la ciudad capital hasta
Río Primero.
En tanto, en enero de 2016, el entonces
presidente Mauricio Macri firmó con Juan Schiaretti un acuerdo para ejecutar
diferentes obras en Córdoba, entre ellas esa autopista.
Muy poco de esas promesas se cumplieron. De
hecho, fue Schiaretti quien financió parte de esos proyectos. El reclamo de los
fondos utilizados derivó luego en un juicio ante la Corte Suprema de Justicia,
cuantificado en unos 200 millones de dólares, aún irresuelto y hoy parte de la
negociación entre Córdoba y la Nación en el marco del régimen de compensación
de deudas y acreencias mutuas.
Ofertas y plazos
Como fuere, ayer se dio el puntapié inicial con
la recepción de las ofertas para los tres tramos en que se dividió la obra.
Dos de esas aperturas se concretaron el
miércoles y ayer se completó con el tramo faltante.
Aunque desde Caminos de las Sierras evitaron
brindar información sobre el proceso aduciendo que la cantidad de oferentes y
principalmente la voluminosa documentación presentada, impedía por ahora
difundir los nombres de los interesados, fuentes consultadas por Comercio y
Justicia aseguraron que cada licitación concitó el interés de casi una decena
de empresas, entre constructoras que se presentaron en soledad u otras que
concurrieron en UTE.
Más allá de los nombres de quienes pretenden
adjudicarse el negocio, el dato que llamó la atención fue el importante interés
manifestado por las empresas, en un contexto en el que la obra pública no
abunda, principalmente por la decisión del Gobierno nacional de frenar las inversiones
previstas o en marcha.
En ese contexto, el gobernador Llaryora acordó
con el presidente Milei el traspaso de la ruta a la Provincia que de esta forma
se hace cargo de concluirla.
Fue así que el mandatario ordenó avanzar con el
proceso licitatorio pese a que aún había aspectos por resolver, básicamente
vinculados a la liberación de la traza. Sucede que los dos tramos que faltan
aún están bajo el control de CRZ Construcciones SA-Perales Aguiar SA-UTE,
adjudicataria original y que hace años mantiene un conflicto con la Nación por
la falta de pago de certificaciones ya entregadas.
Ese litigio lleva al menos cinco años. “Además
de la deuda que reclama, puede haber reclamos por gastos improductivos y lucro
cesante”, explicó a este medio una fuente del sector de la construcción.
Algo está claro. La UTE no va a abandonar su
reclamo. Llaryora sabe que avanzar con la obra por cuenta propia sin que esté
resuelto ese litigio entre la adjudicataria y la Nación, puede generarle a la
Provincia un eventual juicio o, cuanto menos, un parate en el inicio de la
obra.
“La semana pasada firmamos un nuevo convenio
con Nación para poder seguir adelante con el proceso licitatorio, y en el
tiempo que nos lleve la apertura, evaluación de ofertas, adjudicación, etc.
ellos se comprometen a agotar la vía administrativa, de tal forma que cuando
firmemos contrato podamos empezar la obra”, explicó una fuente.
¿Y si la empresa acude a la justicia una vez
agotada la vía administrativa?, preguntó este medio.
“Se les rescindió, presentaron recurso y cuando
se los rechacen queda firme la rescisión y agotada la vía, la traza queda
liberada. Agotada la vía administrativa quiere decir que pueden judicializar y
reclamar resarcimiento, pero no hay efectos retroactivos (no pueden volver a
ser contratistas de esa obra)”, concluyó el informante.
Tiempos
Mientras ese proceso entre la Nación y la
contratista se resuelva, la Provincia avanzará en el análisis de las ofertas,
la adjudicación y la firma de los contratos.
Todo ese proceso llevará varios meses, tiempo
suficiente para que se despeje un eventual escollo que pudiera, por ejemplo,
derivar en una denuncia judicial que recaiga también sobre Córdoba, tema que
Llaryora quiere evitar, por cierto.
Así las cosas, la obra cuyo plazo de ejecución
es de 18 meses, recién estaría concluida a comienzos de 2027 en el mejor de los
casos.
En cuanto al financiamiento, la idea es lograr
fondeo externo. Mientras tanto se avanzará con recursos propios derivados del
ahorro corriente de las cuentas públicas.
(Fuente: Comercio y Justicia)
