Sin dudas que el tema candente político en la
Argentina es el reclamo de los jubilados y el papel que juega el Gobierno
Nacional y otras organizaciones que se suman a la contienda. Pero la realidad es
que los adultos mayores, como pasó históricamente son los más afectados,
situación que se profundizó en el último tiempo.
“Esta organización surgió a finales de octubre
cuando vimos diezmados nuestros beneficios de Pami. A su vez nuestros haberes perdieron poder
adquisitivo. Esto nos llevó a unirnos y reclamar frente a la sede del PAMi la
buena atención y el respeto que nos merecemos. A su vez nos sirvió para
concientizar a la gente (afiliados) que los derechos no caducan con la edad”,
explicó Myriam Bratti, jubilada de San Francisco que lleva adelante esta
organización junto a otros adultos mayores.
Este miércoles 19 de marzo a las 10 de la mañana
se convocarán nuevamente frente a la sede de Pami San Francisco para reclamar “por
una vejez digna”.
Reclamos:
1- Devolución del 100% de los medicamentos,
2- Continuación de la moratoria (solo 2 de cada 10
mujeres tienen aportes hechos, dado que siempre trabajaron en negro)
3- Recomposición de haberes jubilatorios.
4- Auditorias reales con presencia de jubilados
(nos saquearon las cajas y mintieron auditorias que no fueron hechas).
5- Para ganancia de los laboratorios pusieron
medicamentos vitales a venta libre.
En el caso de Myriam de 69 años, destaca que
lo importante no es su situación personal, sino el problema de los jubilados
que además de padecer estos recortes, tienen que alquilar o están en hogares y
sin hijos que los puedan ayudar.
Protesta en Buenos Aires
El gobierno de La Libertad Avanza enfrentará
el miércoles una nueva protesta de jubilados que estarán acompañados de los
mismos sectores que el 12 de marzo pasado terminó en graves incidentes con las
fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad, y que dejó 16 personas
hospitalizadas, entre ellas el reportero gráfico Pablo Grillo, que pelea por su
vida; destrozos y la detención de 114 personas que después fueron liberadas por
la jueza Karina Andrade. Por esa razón, el Ministerio de Seguridad la denunció
por los presuntos delitos de prevaricato, incumplimiento de los deberes de
funcionario público y encubrimiento agravado.
La marcha del 19 de marzo tiene en alerta
máxima a la cartera a cargo de Patricia Bullrich, que diseña un nuevo
despliegue de seguridad para evitar desbordes. Hasta el momento no se decidió
vallar la zona de Congreso porque eso interrumpiría el tránsito en el lugar.
