El gobernador Martín Llaryora dispuso, mediante decreto, una nueva etapa en el
proceso de reorganización administrativa del Estado provincial, en el marco de
la Ley N° 11.015, que autoriza al Poder Ejecutivo a transformar las sociedades
del Estado y de economía mixta conforme a la legislación vigente.
La medida se enmarca en los procesos de
modernización institucional que lleva adelante el Gobierno de Córdoba, con el
objetivo de optimizar la gestión, fortalecer la transparencia y adecuar la
estructura administrativa a los nuevos marcos normativos nacionales y
provinciales.
Transformación de agencias en entes autárquicos
El decreto establece que las siguientes
agencias provinciales, tras su disolución y liquidación, adoptarán la
estructura legal y administrativa de entes autárquicos, manteniendo su
denominación actual y la vinculación funcional con el Poder Ejecutivo
establecida por la Ley N° 10.956:
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Agencia Córdoba Deportes
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Agencia Córdoba Cultura
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Agencia Córdoba Turismo
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Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF).
Asimismo, dispone la creación de un nuevo ente
autárquico único bajo la denominación “ProCórdoba”, que estará bajo la órbita
del Ministerio de Economía y Gestión Pública que integrará las competencias,
recursos y capacidades de las actuales:
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Agencia ProCórdoba,
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Agencia Córdoba Innovar y Emprender
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Agencia para la Competitividad de Córdoba
De esta manera, estas instituciones continuarán
cumpliendo sus funciones específicas, ahora bajo un formato que otorga mayor
autonomía administrativa y financiera, preservando su rol estratégico en la
gestión de políticas públicas.
El nuevo esquema busca potenciar la sinergia
institucional, optimizar los recursos y consolidar una estrategia unificada
para la promoción de inversiones, innovación, exportaciones y competitividad
provincial.
El decreto garantiza la reubicación del
personal y la reasignación de bienes y recursos materiales a los nuevos entes
autárquicos que actuarán como continuadores de las agencias actuales.
Los ministerios competentes —Gobierno y
Economía y Gestión Pública— tendrán a su cargo la ejecución de las medidas
necesarias para llevar adelante el proceso de disolución, liquidación y
constitución de los nuevos entes, con la intervención de la Fiscalía de Estado.
Finalmente, el Ministerio de Economía y Gestión
Pública estará facultado para realizar las adecuaciones presupuestarias que
resulten necesarias a los fines del cumplimiento del decreto.
