Tras
una reunión de una hora y media, se realizó una audiencia de conciliación
convocada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para acercar las posiciones
entre Córdoba y la Nación por la deuda por la Caja de Jubilaciones provincial.
Las
partes pudieron expresar su postura y se verán nuevamente las caras en una
nueva reunión dentro de los próximos 15 días, en la primera semana de mayo.
Según
trascendió, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, exigió el pago de la totalidad de la deuda (se estima en cerca de un
billón de pesos, incluidos los intereses) y, algo clave, la restitución del
flujo de fondos mensuales que se cortaron por completo desde la llegada del
presidente Javier Milei a la Casa
Rosada.
Los
representantes de la Nación, como era previsible, pusieron en discusión los
números expuestos por la Provincia, argumentando que una buena parte de esa cifra
todavía debe ser auditada, informa el diario La Voz del Interior.
Cabe
destacar que el déficit de la Caja ronda los $20 mil millones mensuales, un
verdadero “agujero” para las arcas provinciales.
Durante
el encuentro, Córdoba exigió la restitución inmediata de los fondos adeudados y
el regreso de los envíos periódicos. Si esto no se produce en términos
razonables, la idea de la Provincia es
ir por el pedido de una medida cautelar que obligue al Estado nacional a cubrir
el déficit del organismo previsional cordobés. Es decir, que restituya los
envíos mensuales, mientras siga la discusión judicial por la deuda.
Si
bien hay una decena de provincias en la misma situación, la convocatoria de la
Corte comenzó por Córdoba porque fue la primera que inició el camino judicial
y, además, porque es la que tiene los números más ordenados en materia de
cálculo de la deuda y recopilación de pruebas.
