El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2
dispuso este martes la prisión domiciliaria para la ex presidenta Cristina Kirchner desde el día de la
fecha y aceptó el domicilio de San José 1111, en el barrio de Constitución,
para el cumplimiento de la pena por la causa Vialidad, con lo cual la ex
mandataria no deberá presentarse este miércoles en Comodoro Py.
Según la resolución, se ordenó a la Dirección
de Asistencia a Personas BajoVigilancia Electrónica, de la Subsecretaría de
Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad, “la colocación de un
dispositivo de vigilancia electrónico respecto de Cristina Elisabet Fernández
de Kirchner” y se dejó sin efecto la citación para mañana que “fuera cursada a
la condenada el pasado 10 de junio”.
También se le impusieron a la ex mandataria
reglas de conducta como “permanecer en el domicilio fijado, obligación que no
podrá quebrantar salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá
justificar debidamente”, además de fijar que “por fuera de estos supuestos,
deberá requerir y obtener la autorización previa del tribunal, sin excepción”.
Asimismo, “deberá abstenerse de adoptar
comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar
la convivencia pacífica de sus habitantes”.
Además, “en el plazo de 48 horas hábiles deberá
presentar una nómina de las personas que integran su grupo familiar, custodia
policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la
representan, quienes podrán acceder al domicilio donde cumplirá la pena de
prisión sin necesidad de autorización judicial, debiendo requerirse y motivarse
el eventual acceso de toda otra persona no incluida en ese listado”.
Se encomendó a su vez a la Dirección de Control
y Asistencia de Ejecución Penal que “lleve adelante la supervisión de la
ejecución de la prisión domiciliaria de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner
y eleve a esta sede los resultados de la supervisión cada tres (3) meses,
período de tiempo al cabo del cual se evaluará el grado de acatamiento de las
reglas impuestas”.
El TOF 2 notificó de la resolución al
Ministerio Público Fiscal, a los defensores mediante cédulas electrónicas y a
la ex presidenta a través de su asistencia técnica, además de hacerlo “en forma
personal a través de la Comisaría de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires
con jurisdicción en el domicilio en cuestión”.
Los jueces hicieron referencia a que los
abogados Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy habían solicitado la incorporación
de la ex mandataria al “régimen de prisión domiciliaria”, en tanto citaron que
el informe judicial sobre la propiedad concluyó que “la vivienda es apta para
el cumplimiento de una eventual detención domiciliaria, sin observaciones
negativas en cuanto al entorno, condiciones habitacionales ni aspectos
personales o familiares”.
Los fiscales Diego S. Luciani y Sergio N. Mola,
sin embargo, habían solicitado al tribunal, sin éxito, que se rechazara el
pedido de prisión domiciliaria.
La resolución está firmada por los jueces de
cámara Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, además del secretario Tomás
Santiago Cisneros y el juez federal Andrés Fabián Basso.
La ex presidenta fue condenada a 6 años de
prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa
Vialidad.
