“Algún día van a matar a una criatura”. La frase recurrente ante cada hecho de violencia desatado en el conglomerado barrio Acapulco (Josefina), Frontera y hasta San Francisco, se hizo realidad.
Zamir T, tenía 4 años y toda una vida por delante. Iba dentro de un auto con su madre y la pareja de esta, con su inocencia a cuestas. De golpe, de un plumazo, le quitaron sus sueños, le quitaron la vida. Todo por un ajuste de cuentas donde nada tenía que ver. Solo estaba allí. Lo que le pasó a este niño no puede quedar impune de ninguna manera. Es una deuda que el Estado deberá pagar a la sociedad. No hay margen para el error.
Responsabilidades
La guerra narco, la pelea entre bandas por ocupar territorios no es nueva. Claro que terminarla es responsabilidad de este gobierno provincial que asumió hace poco, algo que sabía que iba a enfrentar. Varias veces el gobernador Maximiliano Pullaro habló de esto, pidió paciencia y hasta fue amenazado.
Otros gobiernos no pudieron hacerlo, o no quisieron. Los que vendrán probablemente tengan el mismo desafío.
La violencia extrema en esta zona es como un cáncer que viene de hace tiempo y se fue ramificando. La Justicia también es responsable, claro. Hoy saber quién mató a Zamir está en manos de la fiscal Fabiana Bertero, que no es la primera que tiene a cargo esclarecer estos graves hechos.
Zamir, la gota que rebasó el vaso
La intervención del Estado, principalmente provincial y nacional, debe ser urgente, concreta y permanente de una buena vez. Alguna vez la hoy ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, hizo campaña en “triple frontera”. Fue eso, parte de una campaña política.
Frontera y Josefina son localidades que no cuentan desde hace tiempo con fiscal e investigadores permanentes in situ. Lo cual es un total despropósito político, judicial y hasta moral.
Si hasta el director general del Departamento Norte de la Policía de Córdoba, Ariel Vargas, reconoce que hay un desplazamiento de bandas de Rosario y una escalada de violencia en el oeste santafesino. Semejante diagnóstico debería ser tenido en cuenta.
La falta de un fiscal queda expuesta cada vez que ocurre un homicidio. La respuesta judicial es tan pobre que de los siete homicidios ocurridos en este año en Frontera y Josefina, prácticamente ninguno fue resuelto y hay escasos detenidos. A esto podemos sumar otros casos de años anteriores que van quedando en el olvido mediático y, pareciera, que también judicial.
La presencia de un funcionario público de la Justicia probablemente no evite que la guerra narco, ya declarada en la zona, se termine. Pero sí agilizaría el accionar investigativo, clave para poder darles respuestas a los habitantes.
Todos lo saben: funcionarios políticos como judiciales. Esta vez no pueden fallar. Ya lo hicieron antes y una criatura fue víctima, como rezaba el presagio.
