Judiciales
2026-01-11 14:23:48
Se trata de un caso de conmocionó a la localidad cordobesa de La Playosa, donde un reconocido bombero fue detenido un año atrás y confesó los delitos de abuso sexual simple, corrupción de menores y tenencia de pornografía infantil. Los familiares de las víctimas se expresaron indignados.
La causa judicial que conmocionó a La Playosa
continúa generando impacto social. Rodrigo Santi, bombero voluntario de la
localidad y referente en la capacitación de menores y bomberos cadetes, confesó
en sede judicial los delitos por los que estaba imputado, entre ellos abuso
sexual simple y agravado, corrupción de menores y tenencia de pornografía
infantil, pero en los últimos días se confirmó que le concedieron el pedido de
prisión domiciliaria debido a su depresivo estado de salud.
La investigación se inició a fines de 2024,
cuando Santi fue detenido por orden de la fiscal de Villa María, Juliana Companys, tras una serie de allanamientos realizados en su
domicilio y en el cuartel de bomberos, donde se secuestraron dispositivos
electrónicos y documentación considerados claves para la causa.
Con el expediente en condiciones de ser elevado
a juicio, en diciembre de 2025 la fiscalía autorizó que el imputado acceda a la
prisión domiciliaria en la ciudad de Villa María. La medida se basó en un
informe psicológico privado que describió un cuadro de depresión grave y la
necesidad de contención familiar. La decisión generó malestar en las familias
querellantes, que advierten la falta de controles electrónicos y la cercanía
del domicilio a establecimientos educativos.
A esto se suman cuestionamientos por el
desarrollo del proceso judicial. Desde la querella denuncian irregularidades en
el avance hacia un posible juicio abreviado y señalan conflictos vinculados al
rol de un abogado defensor que previamente habría integrado el equipo de la
fiscalía durante la investigación, lo que —afirman— afecta la transparencia del
procedimiento, según publica el sitio Identidad Las Varillas.
La causa deberá retomar su curso tras la feria
judicial, cuando la Justicia defina si el expediente es elevado a juicio.
Mientras tanto, las familias reclaman claridad, garantías procesales y
protección efectiva para los menores.
