Así fue dispuesto a partir de un pedido de cese del estado
antijurídico formulado por el fiscal Franco Carbone y la fiscal Fabiana
Bertero, en una audiencia realizada esta mañana. La medida es la primera de su
tipo que se impone en el ámbito de la Fiscalía Regional 5.
A partir de un pedido del MPA, se autorizó judicialmente el
derribo de dos inmuebles y el bloqueo físico de un tercero vinculados a
violencias altamente lesivas y al microtráfico de drogas en Frontera
(departamento Castellanos). Se trata de construcciones ubicadas en los barrios
San Javier, San Roque y Colegiales (El Eucaliptal).
El cese del estado antijurídico de las tres edificaciones
fue solicitado por el fiscal del Equipo de Trabajo sobre Microtráfico de la
Fiscalía General, Franco Carbone, y la fiscal de la sección Violencia y
Corrupción Institucional de la Fiscalía Regional 5, Fabiana Bertero, en una
audiencia realizada esta mañana en los tribunales de Rafaela. El juez que hizo
lugar al requerimiento es Nicolás Stegmayer.
La medida es la primera de su tipo que se impone en el
ámbito de la Fiscalía Regional 5. Se enmarca en una investigación penal
asignada por el Equipo de Trabajo sobre Microtráfico de la Fiscalía General, de
acuerdo con los objetivos priorizados por el MPA en su Plan de Persecución
Penal. En ese legajo, están imputadas cuatro personas que transitan el proceso judicial
en prisión preventiva.
Luego de la audiencia de hoy, el Fiscal Regional Carlos
Vottero, los fiscales que representaron al MPA ante el magistrado y
funcionarios del ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia brindaron
una conferencia de prensa.
Bertero destacó “el valor simbólico de las inactivaciones de
inmuebles que se utilizaban para desplegar conductas delictivas en barrios de
gran conflictividad social”. Explicó que “ante el juez, acreditamos la
existencia de las actividades ilícitas, su persistencia en el tiempo y la
urgencia en que cese el estado antijurídico”.
La funcionaria aclaró que “la demolición total o el bloqueo
de aberturas –que se concretará mediante tapiales–, se definió en función de
las particularidades de cada edificación”.
Por su parte, el fiscal Carbone subrayó que “estamos ante un
hecho histórico en Frontera, donde las violencias altamente lesivas vinculadas
a la comercialización de estupefacientes al menudeo es patente”. En tanto,
recordó que “en toda la provincia, ya se realizaron alrededor de 45 derribos de
búnkeres desde la entrada en vigencia de la desfederalización de la competencia
penal en materia de estupefacientes, en diciembre del año pasado”.
