El Gobierno de Javier Milei avanza en la redacción de un nuevo Código Penal que
propone una reconfiguración del sistema punitivo argentino para “terminar con
la impunidad”.
El anteproyecto se confeccionó con la intención
de generar cambios en la legislación penal que pongan fin a lo que describe
como “una tomada de pelo a toda la sociedad”. En este sentido, la iniciativa
propone cerrar la “puerta giratoria” que permite que personas condenadas “sigan
delinquiendo una y otra vez”.
Entre otras modificaciones, la propuesta
gubernamental endurece penas en un amplio abanico de delitos, elimina la
prescripción en casos considerados especialmente graves y restringe los
beneficios que hoy permiten reducciones o morigeraciones de condena.
Los puntos principales
El anteproyecto propone elevar mínimos y
máximos en una amplia lista de delitos. “La pena de los delitos tiene que ser
acorde al daño causado”, fundamenta el texto.
Entre los casos más relevantes, el homicidio
simple subiría de 8–25 años a “una sanción de 10 a 30 años”, mientras que el
homicidio agravado, ya con pena de prisión perpetua, incorpora nuevos
supuestos, como cuando la víctima sea el Presidente o ministros, menores de 16 o
mayores de 65, o hechos cometidos “en un lugar de concurrencia masiva mediante
armas, automotores u otros elementos aptos para producir la muerte de un número
indeterminado de personas”.
El endurecimiento también alcanza a delitos
como lesiones, abuso de armas, omisión de auxilio y pornografía infantil. En
este último caso, la pena pasaría de 3–6 años a “3 a 12 años”, con agravantes
que elevan el mínimo a 4. Para la posesión con fines de distribución, la pena
se ubica en “4 a 12 años de prisión”.
El capítulo sobre robos incorpora figuras
específicas para modalidades como “motochorros”, “viudas negras” y la
apropiación de dispositivos electrónicos. El robo simple, por ejemplo, aumenta
de 1 mes–6 años a “3 a 8 años de prisión cuando se comete con fuerza en las
cosas”, y a “3 a 10 años cuando se comete con violencia sobre las personas”.
Imprescriptibilidad de delitos graves
Una de las modificaciones más profundas es la
eliminación de la prescripción para un conjunto amplio de conductas. El
documento afirma que el castigo de delitos graves “no puede verse condicionado
por el tiempo, porque implica un acto de injusticia con las víctimas”.
No prescribirán, entre otros, los homicidios
agravados, abusos sexuales, grooming, producción y distribución de material de
abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, secuestro
extorsivo, terrorismo y narcotráfico. “Independientemente de cuánto tiempo haya
pasado, la Justicia va a poder investigar y responsabilizar al autor”, remarca
el texto.
Prisión efectiva y restricciones a beneficios
El proyecto eleva mínimos penales para que una
gran mayoría de delitos implique cumplimiento efectivo. Según el cálculo del
Ejecutivo, “el 82% de los delitos serán de cumplimiento con prisión efectiva”.
Además, amplía la lista de delitos que ya no
podrán obtener condena condicional, entre ellos “robos especialmente agravados”
y la portación ilegal de armas.
La reforma también limita la liberación
anticipada. Quedarán excluidos quienes tengan condenas por homicidio, robo seguido
de muerte, robos con armas y delitos dolosos cometidos por funcionarios.
“Si entraste varias veces a prisión no se te
puede liberar anticipadamente, porque claramente no aprendiste nada”, sostiene
el documento al justificar la exclusión también de reincidentes.
Ejecución de la pena y otras reformas
Otro punto clave es que las condenas comenzarán
a ejecutarse cuando el tribunal superior rechace el recurso extraordinario
federal, evitando la espera de un pronunciamiento de la Corte Suprema.
También se establece que las condenas perpetuas
“no tendrán límite temporal”, y que los funcionarios condenados por cualquier
delito perderán automáticamente sus jubilaciones de privilegio.
El proyecto “robustece el marco de la legítima
defensa” y amplía la participación de las víctimas en decisiones que puedan
afectarlas, como la concesión de beneficios penitenciarios. Las modificaciones,
dice el texto, buscan dejar en evidencia “la relevancia de la víctima en el
proceso”.
