En
el marco del proceso de reestructuración del Estado, el Gobierno nacional disolvió,
a través del Decreto 70/2025, la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat
y Vivienda.
Según se indicó, esta decisión “responde a la convicción de que la política de vivienda debe ser gestionada principalmente por las provincias, los municipios y el sector privado, reduciendo así la intervención del Estado Nacional en esta materia”.
En este sentido, la mayoría de las tareas de la ex Secretaría de Vivienda de la Nación se desarrollaban a través de tres fondos fiduciarios que actualmente se encuentran disueltos y/o en proceso de disolución.
Los mismos habían registrado un mal uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados.
Quiénes deben impulsar la vivienda
A partir de la disolución de la Secretaría, también se ratifica la decisión de que las provincias y municipios impulsen este tipo de obras, que habían sido desarrolladas de manera irregular por el Estado Nacional.
En primer lugar, mediante el Decreto 1018/2024, el Gobierno había definido la disolución y el inicio del proceso de liquidación del Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR).
En este caso, la auditoría de SIGEN había detectado fallas en el Programa como demoras en la entrega de viviendas y falta de condiciones de habitabilidad de unidades entregadas, entre otras.
En segundo lugar, también se había cerrado a través del Decreto 6/2025 el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. “Este instrumento había sido utilizado con finalidades políticas y clientelisticas y había evidenciado irregularidades e incumplimientos”, fundamentan.
“El Gobierno Nacional está cambiando el modelo de la corrupción de sueños compartidos por el modelo del crédito privado y la libertad”, indicó la Casa Rosada.
