En
el marco del proceso de reestructuración del Estado, el Gobierno nacional disolvió,
a través del Decreto 70/2025, la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat
y Vivienda.
Según
se indicó, esta decisión “responde a la convicción de que la política de vivienda
debe ser gestionada principalmente por las provincias, los municipios y el
sector privado, reduciendo así la intervención del Estado Nacional en esta
materia”.
En
este sentido, la mayoría de las tareas de la ex Secretaría de Vivienda de la
Nación se desarrollaban a través de tres fondos fiduciarios que actualmente se
encuentran disueltos y/o en proceso de disolución.
Los
mismos habían registrado un mal uso de los recursos de la sociedad, falta de
controles y de resultados.
Quiénes
deben impulsar la vivienda
A
partir de la disolución de la Secretaría,
también se ratifica la decisión de que las provincias y municipios impulsen
este tipo de obras, que habían sido desarrolladas de manera irregular por
el Estado Nacional.
En
primer lugar, mediante el Decreto 1018/2024, el Gobierno había definido la
disolución y el inicio del proceso de liquidación del Fondo Fiduciario Público
denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única
Familiar (PROCREAR).
En
este caso, la auditoría de SIGEN había detectado fallas en el Programa como
demoras en la entrega de viviendas y falta de condiciones de habitabilidad de
unidades entregadas, entre otras.
En
segundo lugar, también se había cerrado a través del Decreto 6/2025 el Fondo
Fiduciario para la Vivienda Social. “Este instrumento había sido utilizado con
finalidades políticas y clientelisticas y había evidenciado irregularidades e
incumplimientos”, fundamentan.
“El
Gobierno Nacional está cambiando el modelo de la corrupción de sueños
compartidos por el modelo del crédito privado y la libertad”, indicó la Casa
Rosada.
