Nicolás Albera
Como en el resto del país, también en San
Francisco se produjo un crecimiento sostenido en el último tiempo de demandas
contras entidades bancarias por estafas, ocupando un lugar muy relevante dentro
del fuero civil. A la par, creció el conflicto respecto a los planes de ahorro
de automotores, viéndose seriamente comprometidos los derechos del consumidor.
La abogada
Noelia Francucci (Mat. 5-1003) habló con Up y explicó respecto a lo primero que los bancos, como proveedores
de servicios financieros, tienen un deber de seguridad reforzado frente a sus
clientes: “La Justicia viene entendiendo que no se trata solo de un hecho
delictivo aislado, sino también de una posible falla en los sistemas de
prevención y control de las entidades. Y es ese punto el que hacen que sean
responsables civilmente”, señaló.
- ¿Qué
se le dice a una persona que sufrió una estafa bancaria y cree que no va a
poder llegar a una buena resolución en el caso que denuncie?
- Lo primero es transmitir tranquilidad y
remarcar que no están solos ni indefensos, que la ley los ampara y que hay
remedios legales para tratar de solucionar el problema. Muchas personas sienten
vergüenza o creen que “fueron descuidadas”, y eso no es así. Los estafadores
utilizan mecanismos cada vez más sofisticados. Es fundamental actuar rápido,
reunir toda la documentación y asesorarse. En la mayoría de los casos se puede
lograr una sentencia favorable o un acuerdo extrajudicial que solucione el
conflicto si se reúnen elementos de prueba idóneos para acreditar que el banco
no actuó con la diligencia que le era exigible conforme el deber de seguridad
que tiene para con sus clientes.
- ¿Cuál
es el método utilizado por estafadores más común y por el cual debe estar
atenta la gente?
- Los casos más frecuentes son el Phishing
(correos o mensajes que simulan ser del banco), llamadas telefónicas donde se
hacen pasar por empleados bancarios, promociones falsas en redes sociales y
pedidos de datos para “asegurar” o “desbloquear” cuentas. También es muy común
la toma de créditos o transferencias realizadas inmediatamente después de
obtener los datos de la víctima. La regla básica es no brindar claves, códigos
ni datos personales, aunque el contacto parezca legítimo.
- ¿La
Justicia se muestra receptiva en estos casos? ¿Cómo han sido sus fallos?
- Sí, en líneas generales la Justicia se
muestra cada vez más receptiva. Los fallos vienen reconociendo la
responsabilidad de los bancos cuando no acreditan haber brindado un sistema
seguro o una adecuada información al usuario. La carga probatoria en estos
casos se invierte si el banco prueba que sus sistemas no fallaron y si no lo
hace debe responder. Se valora especialmente la condición de consumidor del
cliente y la posición dominante de la entidad financiera. Si bien cada caso se
analiza en concreto, la tendencia es proteger al usuario y ordenar la
restitución de los fondos cuando corresponde, la anulación de créditos y las indemnizaciones
por daños derivados del hecho.
- Otro
de los temas que se suelen judicializar son los problemas que se ocasionan con
los planes de ahorro para la compra de vehículos.
- La verdad que sí y nos llama particularmente
la atención la suba de consultas vinculadas a estos planes de ahorro automotor,
una modalidad de contratación ampliamente difundida en el mercado y que, en la
práctica, ha generado numerosos conflictos entre los suscriptores y las
empresas administradoras y concesionarias. Estos casos presentan
características reiteradas y hoy constituyen una problemática frecuente en el
ámbito del derecho del consumidor.
- ¿Dónde
están las fallas?
- Uno de los reclamos más habituales se
relaciona con la falta de información clara al momento de la suscripción del
plan, así como con los incrementos significativos de las cuotas, cargos no
previstos o dificultades para acceder a la adjudicación. A ello se suma la
posición de desventaja en la que queda el consumidor frente a contratos
extensos y de compleja comprensión, que en muchos casos no reflejan
adecuadamente las condiciones reales del sistema. En este contexto, cobra
especial relevancia la entrega tardía del vehículo una vez producido el hecho
de la adjudicación. Son numerosos los casos en los que, pese a haberse cumplido
con los requisitos exigidos por el plan, la unidad no es entregada dentro de
los plazos comprometidos. Estas demoras, que suelen extenderse por meses,
generan un perjuicio concreto al suscriptor, quien ve frustrada la finalidad
principal del contrato.
- ¿Qué
reclamo puede hacer el consumidor?
- Desde el punto de vista jurídico, la entrega
fuera de término constituye un incumplimiento contractual que habilita al
consumidor a reclamar no solo el cumplimiento de la obligación, sino también la
reparación integral de los daños sufridos. En el marco de la legislación de
defensa del consumidor, estas conductas pueden dar lugar a la aplicación de
multas civiles y al daño punitivo, cuando se verifica una actitud desaprensiva,
reiterada o indiferente por parte de la empresa frente a los derechos del
usuario. El daño punitivo tiene por finalidad sancionar prácticas que exceden
el mero incumplimiento, especialmente cuando existe una conducta sistemática
que afecta a un número indeterminado de consumidores. En muchos de estos casos,
la Justicia analiza la falta de respuestas adecuadas, la dilación injustificada
en la entrega del vehículo y la ausencia de soluciones eficaces como elementos
que justifican su procedencia.
- La
Justicia termina entrando en el conflicto porque falla lo administrativo.
¿Faltan controles?
- La reiteración de estas situaciones pone en
evidencia la necesidad de mayores controles, pero también mayor transparencia
contractual y un efectivo respeto por los plazos comprometidos. Frente a la
falta de soluciones por vías administrativas, la instancia judicial se
consolida como una herramienta clave para la tutela de los derechos del
consumidor y para desalentar prácticas que resultan abusivas. Los
reclamos vinculados a planes de ahorro automotor, y en particular aquellos
derivados de la entrega tardía de los vehículos adjudicados, reflejan una
problemática extendida que impacta de manera directa en la economía y en la
vida cotidiana de los consumidores.
