El Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia
de Córdoba, Carlos Galoppo, expresó
su rotundo rechazo al veto de la Ley de Emergencia en Discapacidad y sostuvo
que esta decisión es un retroceso en la lucha por los derechos adquiridos de
las personas con discapacidad, además de un golpe a la labor que la Defensoría
del Pueblo provincial viene realizando en los últimos años.
Recordó que el trabajo de la Defensoría está centrado en fortalecer los procesos de inclusión social y promover el respeto por los derechos del ciudadano. Una labor fundamental de la institución que busca contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de personas, grupos y comunidades en situación de discapacidad, pobreza y vulnerabilidad social.
Solo durante el último año de la actual gestión, y a través de su área de Inclusión Social, la institución materializó diversas iniciativas, entre las que se destacan:
Gestiones y acompañamiento: la Defensoría ofreció asesoramiento y apoyo en trámites claves tales como la obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD); auditorías y rehabilitación de pensiones por discapacidad con suspensión provisoria; reclamos a obras sociales, prepagas y PAMI por coberturas de prestaciones de rehabilitación, educativas y transporte; solicitudes de medicamentos de alto costo al Ministerio de Salud de la Nación; pase libre por discapacidad en el transporte público municipal, provincial y nacional.
Además, gestionó la obtención del beneficio de exención de pagos de peajes y libre estacionamiento para personas con CUD y acompañó solicitudes sobre Tarjeta Alimentar, Asignación Universal por Hijo con Discapacidad y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
Capacitaciones y talleres: se realizaron numerosos talleres y capacitaciones para sensibilizar a la comunidad y a agentes estatales sobre la importancia de la accesibilidad, la diversidad y el trato adecuado. Un ejemplo, son los diversos talleres de visibilización de la Lengua de Señas como recurso de accesibilidad para eliminar barreras comunicacionales. A esto se suma que la Defensoría se constituye en un Centro de Prácticas Laborales calificantes para personas con discapacidad.
Colaboración: se establecieron alianzas estratégicas con otras instituciones, fundaciones y ONG, como CILSA y el Cottolengo Don Orione, para desarrollar acciones conjuntas y fortalecer el trabajo en red. Además, se trabajó con municipios del interior provincial así como con Centros de Participación Comunal y Centros Vecinales de la capital.
El compromiso continúa
Galoppo afirmó que “la Defensoría del Pueblo trabaja para redoblar esfuerzos en este tema, propiciar una mirada estructural de los factores problemáticos que vulneran derechos fundamentales y continuar trabajando incansablemente para garantizar que nadie quede afuera”. Asimismo, afirmó que la situación actual de la Ley de Emergencia en Discapacidad no detendrá el compromiso de la institución con la inclusión social y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en la provincia.
“La Ley de Emergencia en Discapacidad expresa la preocupación de miles de personas con discapacidad, familias y profesionales que trabajan diariamente por los derechos a la salud, a la educación, a la participación y a una mejor calidad de vida. Este ha sido un consenso de la sociedad logrado por muchos años, sería un retroceso si el Estado dejara de garantizarlo”, concluyó Galoppo.
