Lejos de aplacarse, el conflicto gremial se
tensionó al máximo en los tribunales provinciales por reclamos salariales, y
San Francisco no es la excepción.
Lo curioso es que el miércoles pasado, en la
misma jornada, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) aprobó ascensos de más de
5.000 empleados y a la siesta sacó un memo advirtiendo sanciones ante la
realización de futuras asambleas. Provocó la reacción y unidad de oficialismo,
oposición y autoconvocados, que salieron en bloque a anticipar medidas de
acción directa. Un boomerang.
La Asociación Gremial de Empleados del Poder
Judicial (Agepj) anticipó para el viernes pasado la reunión de la mesa de
lucha. Estuvieron miembros del oficialismo que preside Federico Corteletti; dos
representantes de la oposición que encabeza Irina Santiesteban, y tres
afiliados del movimiento de autoconvocados que nació y tomó fuerza en los
últimos dos meses. Resolvieron un plan de lucha más agresivo del que se había
definido con anterioridad. Comenzará con un paro de 38 horas desde mañana
lunes, a partir de las 10, que se extenderá durante todo el martes. El jueves
se movilizarán a Apross y el viernes se reunirá la asamblea extraordinaria que
había sido convocada para la semana siguiente. Se definirán allí nuevas
acciones, incluso legales.
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El miércoles de la semana pasada, en la previa
del 1 de mayo, el administrador general que depende del Tribunal Superior de
Justicia (TSJ) envió un memo a todo el personal recordando acordadas de ese
cuerpo que datan del año 1997 en adelante. Le marcó la cancha a la protesta
gremial, con advertencias sobre descuentos de haberes por días de paro – medida
que ya aplicó–, prohibición de asambleas ruidosas, imponiendo que se realicen
después de las 13 y en la calle. “Retrocedemos al siglo pasado”, subrayó Adrián
Valán, secretario gremial del sindicato.
El dirigente recordó que todas esas acordadas
merecieron una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
al tribunal superior cordobés.
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Esa comunicación se produjo a las 15, tras el
cierre de la jornada laboral de la mayoría de los empleados. Tuvo un impacto
negativo y también reavivó las internas del TSJ que enfrentan al presidente,
Luis Angulo, con el vocal Sebastián López Peña.
Ese mismo día, por la mañana, el TSJ había
firmado el Acuerdo 502 Serie A que simplificó el escalafón, reduciendo las 11
categorías a seis y recategorizando a los empleados según las nuevas escalas.
Sobre esa decisión también hubo una comunicación, donde se explicaron los
porcentajes de incrementos que representará para cada cargo del nuevo esquema.
La noticia, lejos de ser leída como una
conquista –efectivamente es un paso adelante– fue interpretada como una medida
absolutamente insuficiente. El malestar se potenció a la tarde con las
advertencias oficiales ante la continuidad del plan de lucha.
La realidad es que la brecha entre magistrados
y funcionarios con el resto de trabajadores del Poder Judicial de Córdoba es
cada vez más grande. Los jueces, fiscales, asesores letrados, secretarios y
prosecretarios –los que más cobran– fueron equiparados en un 90% a sus pares
federales. Los empleados, no.
Ambos universos reciben los mismos incrementos
que otorga la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El último anunciado fue
de un 2% retroactivo al 1 de febrero, pero impacta en forma desigual en los
haberes de magistrados y funcionarios en relación a los del personal. Si bien
todos están “enganchados” a los aumentos que dispone la Corte, no están equiparados.
Y ese es el punto visceral del conflicto: la brecha e inequidad crecientes, en
un sector de trabajadores ultraprofesionalizados, donde la mayoría posee
títulos de posgrado.
Por ejemplo, el “oficial”, un cargo a mitad del
escalafón, está aproximadamente al 75,5 % del que tiene un empleado con la
misma categoría de la Justicia Federal, que ni siquiera rinden concursos de
ingreso o ascenso.
Además, los judiciales provinciales tienen 27%
de descuentos en sus haberes para aportar a Apross y a la Caja de Jubilaciones.
Y se les exige exclusividad. No tienen matrícula para ejercer en forma
particular.
Si el gobierno no tiene más plata, el TSJ tiene
asignaciones para gastos que podrían considerarse superfluos, dicen los
empleados. En redes sociales se mostraron erogaciones por catering de casi $900
mil.
“Durante la pandemia nos pidieron un esfuerzo,
ahora les toca a ellos”, señalan las bases.
Qué es la reestructuración. Luis Angulo,
presidente del TSJ, condujo las negociaciones con el gobierno provincial. Dicen
que el gobernador Martín Llaryora se involucró personalmente, a la par de su
equipo de Economía que analizó los números.
El gremio había presentado el proyecto en
octubre del 2023, durante la presidencia en el Tribunal Superior de Domingo
Sesín, en un contexto económico totalmente diferente al actual. Quizás por eso,
lo que en otro momento era una conquista hoy no conforma.
Con información de Perfil
