Los 24
sindicatos que aglutinan a aportantes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de
Córdoba, tanto públicos como privados, resolvieron este jueves y de manera
unánime avanzar con una estrategia judicial conjunta en el marco de la diputa
con el Gobierno provincial por la validez de la ley N° 11.087, denominada de “equidad
Jubilatoria”.
Los gremios
entienden que la reforma previsional sancionada sobre el cierre del pasado año modifica
los haberes que perciben y aumenta, a través de una nueva escala, los aportes
que realizan.
La decisión
fue llevar adelante acciones para intervenir en el pleito que se libra en la
Corte Suprema de Justicia de la Nación por las deudas que el gobierno de Javier Milei mantiene con las 13
provincias que no transfirieron sus sistemas previsionales a la órbita federal,
entre ellas Córdoba.
Enojo hacia
la gestión Llaryora
Los representantes
de los sindicatos públicos (entre ellos Suoem, Uepc, judiciales) realizarán un
recurso de amparo de carácter colectivo cuestionando la legalidad de la
mencionada ley 11.087. Tomarán como base la constatación de que, según la
reglamentación de la norma, con la vigencia de la nueva escala de aportes se
afectarán las remuneraciones futuras del personal aportante a la Caja.
La idea
es concretar la presentación judicial el primer día hábil de febrero,
coincidente con el fin de la feria judicial.
El
pronunciamiento de este jueves de los estatales fue la continuidad de un primer
comunicado publicado un día antes, que tuvo como eje el rechazo a la Ley de
Equidad Jubilatoria y al incremento de los aportes personales, tanto para la
Caja de Jubilaciones como a la obra social estatal provincial, Apross.
Los
gremios advierten que la reforma previsional que impulsó el gobernador Martín Llaryora establece que los
futuros aumentos para los jubilados con haberes superiores a los 3,5 millones
de pesos serán absorbidos por los nuevos porcentajes de aporte, lo que
describen como un esquema de licuación permanente de ingresos.
Amparo colectivo
La acción
judicial, trascendió, probablemente sea un amparo colectivo o una demanda por
inconstitucionalidad que incluirá denuncias respecto a aportes de trabajadores
activos y jubilados. La estrategia judicial será consensuada por los asesores
jurídicos de los gremios.
Otra
acción consistirá en apelar a amparos individuales y a recursos
administrativos. Será una medida complementaria efectuada por afiliados que
perciben perjuicios en relación con la Ley de Equidad Jubilatoria.
“Hay
elementos para hacer una presentación colectiva. Existen antecedentes de que se
ha tomado a la representación de los gremios como representantes colectivos
desde hace 20 años en el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba”, explicó Roberto Cristalli, secretario General
de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC).
Por otro
lado, los gremios incrementarán sus reclamos en espacios públicos. Intentarán
aprovechar los festivales de verano que se sucederán en territorio cordobés. Como
primer paso, han elaborado una campaña de spots publicitarios para ser
difundidos, en medios tradicionales y medios virtuales, durante la transmisión
televisiva del Festival de Doma y Folklore de Jesús María. La misma estrategia,
afirman, se replicará en el Festival de Cosquín y el Festival de Peñas de Villa
María.
También contra
la Nación
Según
los representantes gremiales, la demanda judicial se enfocará también en la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los equipos jurídicos de los sindicatos
acordaron presentar algún tipo de planteo en el máximo tribunal nacional, donde
el Gobierno provincial tiene presentadas dos demandas en contra de la Anses,
por incumplimientos en el envío de fondos a la Caja de Jubilaciones de Córdoba.
En este
sentido, los estatales cordobeses también planearon organizar una articulación
con los gremios de las otras 12 provincias que no transfirieron sus cajas
previsionales, con las cuales la Anses también tiene adeudas.
