El Gobierno nacional derogó la norma que
regulaba los aranceles de los colegios privados y las instituciones no tendrán
que informar los valores de las cuotas y la matrícula con anticipación ni
contar con el aval del Estado.
La desregulación del régimen de control sobre
los aranceles de los establecimientos educativos de gestión privada, vigente
hace más de 30 años, se dispuso mediante el Decreto 787/2025, publicado este
martes en el Boletín Oficial.
La normativa derogó el Decreto 2417/1993 que
obligaba a las instituciones educativas privadas a notificar a las familias el
importe de la matrícula y las cuotas junto a la forma, el plazo de pago y los
recargos ante el atraso en el cumplimiento.
Los requerimientos fijados debían efectuarse
antes de la finalización del ciclo lectivo previo, concretamente el 31 de
octubre de cada año vencía el plazo. Hace poco el Ejecutivo lo había extendido
hasta el 15 de noviembre.
Qué establecía el decreto
El decreto derogado establecía que las
instituciones educativas tenían que conseguir el acuerdo de los padres o
tutores de los estudiantes respecto a los nuevos valores de los aranceles, a
raíz de que posteriormente eso debía ser reflejado ante las autoridades
nacionales. En caso de no llegar a un entendimiento, se mantenían los valores
vigentes.
Al argumentar la decisión, el Gobierno explicó
en el texto oficial que la normativa eliminada “presenta limitaciones y
requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza
pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”.
En ese sentido, manifestó que el régimen “fue
dictado en un contexto fáctico y normativo distinto al actual”, al precisar que
“en aquel entonces la administración de la educación se encontraba bajo la
órbita del gobierno nacional”.
Al respecto, señaló que “esta situación cambió
a partir de la transferencia de esta competencia a las provincias, conforme al
principio federal de nuestra organización constitucional, lo que justifica su
revisión para adecuarlo al esquema actual de distribución de funciones”.
Asimismo, el Ejecutivo expresó que “la
estructura de costos y consecuentemente de aranceles de la educación ha variado
desde entonces, lo que también justifica la revisión del mentado decreto”.
Ante el descrito escenario, planteó que “la
intervención del Estado en la regulación y financiamiento de los
establecimientos de enseñanza de gestión privada, aunque busca garantizar la
calidad educativa, ha generado efectos contraproducentes que afectan su
funcionamiento y viabilidad económica”.
De esta manera, la administración de Javier
Milei consideró que “el requerimiento de los establecimientos de enseñanza de
gestión privada de comunicar los montos de matrícula y de las cuotas con
anticipación considerable, junto con la obligación de obtener la autorización
estatal previa para modificar dichos valores, crea una situación de
incertidumbre económica para los institutos, que suelen fijar cuotas más
elevadas de lo necesario por temor a enfrentar costos que no puedan ser
cubiertos sin aprobación estatal”.
