El juez en
lo civil y comercial de San Francisco, Carlos
Ignacio Viramonte, hizo un
descargo en las últimas horas, ya elegido Guillermo
Arias como el nuevo juez electoral que sucederá a Marta Vidal en la provincia de Córdoba.
El magistrado
sanfrancisqueño, que participó del concurso y estuvo en carrera hasta la etapa
final, escribió una extensa carta afectado por las declaraciones previas del
senador Luis Juez, quien había
deslizado la teoría de que Viramonte tenía la venia del gobernador Martín Llaryora y corría para este
puesto con el “caballo del comisario”.
El cuestionamiento,
sin causa de por medio, terminó sin dudas perjudicando a Viramonte que en su
examen escrito sobresalió por sobre el resto. Sacó 36 puntos y 11,40 en los
antecedentes. Sin embargo, el escaso porcentaje que le asignaron los consejeros
en la entrevista personal, lo bajó al quinto lugar.
Cabe destacar
que el puntaje surge del desempeño de cada candidato o candidata en un examen
escrito, de los antecedentes académicos, profesionales y laborales que presenta
y de la entrevista personal. Quienes quedaron mejor calificados fueron:
Guillermo Arias, Diego Frossasco, María Emilia Mimessi, María de los Ángeles
Nallin y Carlos Ignacio Viramonte.
Qué dijo
Viramonte
“Con
motivo de mi participación en el concurso convocado para cubrir el cargo de
Juez Electoral de la Provincia de Córdoba, distintas manifestaciones públicas y
publicaciones periodísticas instalaron sospechas sobre mi independencia e
imparcialidad como magistrado, presentándome -sin sustento fáctico alguno que
me haya sido atribuido o demostrado- como un postulante presuntamente
favorecido de antemano por el poder político”, empezó diciendo Viramonte.
Continuó
que el 25 de julio pasado se difundieron declaraciones públicas en las que el senador
Luis Juez afirmó que el concurso para Juez Electoral constituiría una “fachada”
y que ya existiría un elegido por el Gobernador, identificándolo expresamente
como esa persona. Posteriormente, el 3 de agosto, nuevas publicaciones
periodísticas dieron cuenta de que dirigentes políticos lo señalaban como “un
amigo” de Llaryora; con quien –asegura Viramonte- no tiene relación alguna ni
conoce personalmente.
“En los
días siguientes continuaron reproduciéndose versiones acerca de un supuesto
favoritismo político en mi beneficio y se llegó a caracterizar públicamente mi
candidatura mediante expresiones tales como ‘caballo del comisario’, siempre
bajo la hipótesis de que mi participación en el concurso no se explicaría por
mis antecedentes, mi desempeño profesional o el resultado de las distintas
instancias de evaluación, sino por una presunta proximidad con el poder
político”, amplió.
Sin sustento
Viramonte
dijo no desconocer el derecho de los dirigentes políticos, de los medios de
comunicación y de cualquier ciudadano a expresarse libremente, a controlar los
procedimientos de selección de magistrados y a formular las críticas
institucionales que consideren pertinentes. Pero agregó que la cuestión con su
situación es diferente “cuando las afirmaciones formuladas públicamente dejan
de referirse exclusivamente al procedimiento institucional y atribuyen a un
magistrado concreto una vinculación política susceptible de poner en duda su
independencia, imparcialidad e integridad profesional”.
“En mi
caso no se puso solamente en discusión una expectativa personal dentro de un
concurso. Se proyectó públicamente una sospecha sobre la forma en que ejerzo y
he ejercido la magistratura. La independencia judicial no constituye únicamente
una garantía frente a presiones efectivas sobre los jueces; requiere también
preservar la confianza pública en que quienes ejercemos la jurisdicción
decidimos exclusivamente conforme al derecho y a nuestra conciencia, sin
subordinaciones ni compromisos con los poderes políticos ni de ningún otro
orden”, destacó.
Tras ello,
explicó: “Ningún magistrado debe ver su independencia puesta en duda
públicamente mediante imputaciones de vinculaciones políticas carentes de
demostración ni sustento. Como magistrado perteneciente al Poder Judicial de
Córdoba, me veo en la obligación de reivindicar mi dignidad y mi independencia,
frente a una imputación que, por su propia naturaleza, excedía a mi persona y
afectaba al Poder Judicial; máxime teniendo en cuenta el contexto del referido
concurso, que ha merecido la atención de los medios de comunicación, instalando
públicamente sospechas de irregularidades, intromisiones e injerencias del
poder político, afectando así la institucionalidad propia del sistema de
selección de jueces”.
En el
final, Viramonte aseguró: “He procurado durante toda mi trayectoria ejercer la
magistratura con absoluta independencia de cualquier poder político, económico,
corporativo o sectorial. Esa independencia constituye uno de los bienes
profesionales y personales que más profundamente valoro y que tengo el deber de
preservar. No puedo ser indiferente cuando mi integridad profesional ha sido
puesta en duda gratuita y públicamente, sin sustento alguno. Por ello, repudio
categóricamente las referidas manifestaciones, mal intencionadas, y que
formaron parte de una operación para afectar negativamente mi participación en
un concurso”.
