Nicolás Albera
El
Gobierno nacional giró esta semana a la Cámara de Diputados un proyecto que reduce la edad de
imputabilidad a los 13 años y establece un nuevo Régimen Penal Juvenil para los
adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal, donde se
establece una pena máxima de 20 años y se prohíbe la reclusión perpetua.
El
texto lleva la firma del presidente Javier
Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo
Francos, y los ministros Patricia
Bullrich y Mariano Cúneo Libarona.
Para
el oficialismo es necesaria esta reforma, justificándolo de esta manera: "Los
delitos cometidos por menores de 16 años quedan impunes. Esta circunstancia genera
una situación de injusticia que perciben tanto las víctimas como la sociedad en
general. Es imperativo que nuestro sistema legal asegure que aquellos que
cometen delitos sean responsables por sus acciones".
La
iniciativa, sin dudas, divide las aguas dentro del Congreso Nacional. Pero también
fuera, aunque existen encuestas que le dan a favor al gobierno en su decisión.
Andrés Peretti, juez de Niñez,
Adolescencia, Violencia Familiar y Género y Penal Juvenil en los tribunales de
San Francisco, entiende que con esta modificación de trata de tapar problemas
más serios bajo la alfombra. Por ejemplo, como los grandes niveles de pobreza
que tiene el país y donde niños, niñas y adolescentes están inmersos.
Asimismo,
el funcionario judicial prefiere hablar de punibilidad y no de imputabilidad: "Hay
personas que son mayores de edad y son inimputables. Por eso lo correcto es
hablar de la baja de la edad de punibilidad", le dice a Up en una entrevista donde brindó su pensamiento respecto a este
tema.
La
punibilidad es un elemento secundario del delito, que consiste en el
merecimiento de una pena, en función o por razón de la comisión de un delito. Esto
se encuentra en el Código Penal.
- El Gobierno envió al
Congreso días atrás el proyecto para bajar la imputabilidad a 13 años o como
usted plantea la edad de punibilidad. Fue una promesa de campaña que ahora
piensa ejecutar.
-
Especialistas en cuestiones de penal juvenil como son Mary Beloff o Matiniano
Terragni, reconocidas a nivel internacional, sostienen que no se puede discutir
la baja de punibilidad en diversos momentos. Una es cuando sucede el hecho
grave y otra es cuando estamos en el marco de una elección o al poco tiempo de
haber pasado una. Bueno, en Argentina se dio todo este debate con esa
conjunción de cosas que suelen utilizarse de manera incorrecta no llevando a un
debate serio que es lo que queremos aquellas personas que nos dedicamos a esto.
Hacer un análisis que exceda el oportunismo o el rédito político.
- ¿Tuvieron acceso al
proyecto? En ese caso, ¿qué vieron?
-
Sí. Fue una sorpresa que el proyecto que terminó siendo presentado en el
Congreso habla de 13 años. Se venía discutiendo la cuestión porque se decía que
iba a ser 14 pero en el medio la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) dijo
que lo correcto eran 12 años. Además de la edad existen un montón de cosas como
errores de ortografía bastante graves y cuestiones técnicas porque se sigue
hablando de menores, algo muy peyorativo, cuando en realidad tenemos que hablar
de niños, niñas y adolescentes. Termina siendo una regresión a lo que
históricamente se consideró, hablar de menores es hablar de objetos de
protección, no sujetos de derecho como fue históricamente la cuestión de la
niñez de nuestro país. De nuestra parte vamos a refutar todas las ideas que
permanentemente estamos trabajando y nuevamente apelamos a un debate serio
porque volvemos siempre al mismo punto: cuáles son los objetivos que tiene este
nuevo proyecto que fue enviado al Congreso, en el cual dice terminar con la
impunidad, mejorar la seguridad o mejor dicho terminar con la inseguridad. Son
todos latiguillos.
- ¿Las estadísticas que
hablan del delito juvenil qué muestran?
-
Los delitos cometidos por menores de 18 años oscilan tanto a nivel nacional
como en la provincia de Córdoba, entre un 3 y un 4 por ciento de los que
cometen los mayores. Entonces, la medida que se va a discutir no va a impactar
en mayor seguridad para la ciudadanía. Será prácticamente ínfimo, con lo cual
ahí empezamos nuevamente a revisar qué es lo que se está buscando con esta idea
de bajar la edad. De ese 3 o 4 por ciento, los delitos graves que cometen los jóvenes
no punibles, de 16 años para abajo, es solamente el 1 por ciento. Cuando
hablamos de delitos graves nos referimos a homicidios, abusos sexuales, robos calificados
con uso de armas, delitos donde la pena es relativamente alta.
- La estadística no apoya el
ferviente deseo de este gobierno.
-
Lo que hoy estamos discutiendo, de si tienen que bajarle la punibilidad,
representa el uno por ciento de los delitos a nivel nacional. Con lo cual, lo
que se va a lograr en cuanto a términos de seguridad o en cuanto a términos de
más personas presas, va a ser ínfimo, no va a tener un impacto como el que se
está buscando.
- De aprobarse la ley: ¿cómo
sería la situación en un lugar como el Complejo Esperanza, adonde llegan los
adolescentes que cometen un delito en Córdoba?
-
Una situación así podría generar un problema a futuro. Quedan actualmente 48
plazas en el Complejo Esperanza, por lo que no está colmada su capacidad al
máximo como si ocurre en los complejos penitenciarios para adultos. Pero en
este espacio eso no pasa porque las personas que nos dedicamos al fuero junto
con la Justicia de la provincia de Córdoba trabajamos cada vez más en medidas
de carácter alternativo a lo que representa la privación de libertad, lo que redujo
considerablemente la cantidad de personas jóvenes en el Complejo Esperanza. Ahora esta cuestión de bajar la edad de
punibilidad puede llegar a impactar en que nuevamente tengamos una población
alta en lo que hace a los menores de edad. Para nuestra ley de ejecución penal,
las cárceles no son para castigo sino para resocializar, para que eventualmente
cuando se cumple la pena privativa de la libertad tengamos un joven o
eventualmente una persona adulta capaz de respetar los derechos de terceras
personas. Pero cuando existe superpoblación o determinados límites que se
superan es imposible que se pueda prestar un servicio en el cual resocializar.
Entonces mientras más personas existan en la cárcel, menos posibilidad de
resocializar existe.
- Eso es un problema del
Estado y grave.
-
Los presupuestos son limitados. Por más de que creamos de que existen recursos,
que sale dinero, bueno, esto no es así. Y mientras más personas haya privadas
de su libertad, menos posibilidad existe de que se preste un servicio de
resocialización eficiente. Allí hay una primera falla. Y, además, la superpoblación
carcelaria termina convirtiendo a las personas responsables de un delito por
primera vez en expertos en el delito porque conviven con otros que son
reincidentes. Entonces, si nosotros lo que queremos lograr es que este tipo de
personas, los menores de edad, tengan un efecto de que no vuelvan a cometer
delito, de que se pueda reinsertar en la sociedad, de que puedan ser reeducados
o en algunos casos educados porque muchas veces ni siquiera tienen cuestiones
básicas de educación cubiertas, lo que vamos a lograr es justamente el efecto
contrario. Vamos a tener expertos en la delincuencia. Entonces bajarle la
punibilidad puede llegar a tener un efecto completamente adverso al que estamos
buscando.
- ¿Hay ejemplos positivos en
América Latina respecto a lo que quiere hacer el presidente Javier Milei?
-
Brasil de todo lo que es Latinoamérica tiene la cuestión carcelaria y de
ejecución penal más fuerte. Y cada vez construyen más cárceles. Mano dura y
todas esas cosas que nos quieren vender como algo positivo tienen un resultado
altamente regresivo. La delincuencia en Brasil tiene los niveles más altos
históricos. Esa es una realidad. En Argentina desde el año 2000 hasta hoy crece
como un relojito la cantidad de personas privadas de libertad, entre un cinco y
un siete por ciento por año. Hoy el país tiene 120 mil presos y la sensación de
inseguridad es cada vez mayor. Entonces, ¿qué vamos a lograr? Volvemos siempre
a la misma pregunta. ¿Representa más seguridad? Al contrario. La forma de
lograr mayor seguridad es trabajar en prevención y alternativas a la resolución
de conflictos que no están vinculadas con la privación de la libertad.
- Hay un contexto social que
parece no tenerse en cuenta.
-
Es un punto importante. Hoy en Argentina tenemos el 58,4 por ciento de menores
de 18 años que están por debajo del nivel de pobreza. Entonces, nos queda claro
que el problema de la delincuencia juvenil y también de adultos, por supuesto,
no es un problema del derecho penal. Y no es sacarnos el lazo. Los delitos y la
delincuencia tienen consecuencias, tiene origen en cuestiones culturales, de
educación, sociales. El informe PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los
Estudiantes), que se publicó el año pasado muestra un 60 por ciento de los
niños menores de 18 años que no cumplen con el nivel uno y dos que es de lecto
comprensión. Entonces hablar de bajar la punibilidad en este escenario es meter
abajo de la alfombra un gran problema, el cual no está vinculado al derecho
penal. No estamos cubriendo las necesidades básicas que tienen que ser
cubiertas por las políticas públicas.
- ¿Es un fracaso de la del
Estado?
-
Cien por ciento.
