El Gobierno nacional anunció que el proyecto de
ley que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años será tratado en
sesiones extraordinarias del Congreso. La iniciativa tiene dictamen de mayoría
en Diputados y mezcla una propuesta del Ejecutivo con otras de distintos
bloques.
La iniciativa permitiría procesar a adolescentes desde los 13 años, con penas alternativas para delitos menores y un máximo de 15 años de prisión para casos graves. como contracara, organismos como UNICEF advierten que bajar la edad de punibilidad no es necesario y podría interpretarse como un retroceso en materia de derechos humanos. Para la Iglesia, se trata de un “parche” para calmar a la sociedad en este aspecto.
Andrés Peretti, juez de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de San Francisco, advirtió que de prosperar la iniciativa se daría un “retroceso” luego de avances a nivel penal juvenil: “Representaría un cambio mayúsculo bajar de 16 a 13 o 14 años, sería realmente regresar en muchos avances que hemos tenido a nivel penal y juvenil”.
Peretti participó del programa de streaming Déficit Cero, espacio que comparten Up y 3564 Stream TV, donde abordó este tema que será parte de la agenda política de este mes.
- ¿Qué impacto cree que puede tener una reforma de este tipo?
- El principal impacto que tiene está vinculado con una cuestión propia de lo que hace al abordaje de los menores de edad que cometen un delito. Hay evidencia importante que indica que mientras antes se termine abordando de manera penal a cualquier tipo de personas, no solo a menores de edad, el resultado termina siendo contraproducente. Argentina a nivel internacional tiene un altísimo estándar de cumplimiento y los 16 años es un número del cual se recomienda no bajar. Más respuesta penal no va a implicar menos inseguridad o menor cantidad de delitos, como se indica en los proyectos que están dando vueltas. Abundan ejemplos.
- ¿Cómo cuáles?
- Uno de ellos a nivel internacional es Dinamarca que tomó la decisión de bajar la edad de 15 a 13 años, pero inmediatamente volvió atrás porque el efecto era contraproducente y negativo, de reincidencia inmediata. La inserción social y reintegración en estos casos se logran con mecanismos alternativos.
- La Iglesia se manifestó y tildó de “parche” esta reforma. ¿Qué piensa?
- Dicen especialistas en el fuero penal juvenil que bajar la edad de imputabilidad viene a ser un placebo. Un fuego artificial. No da soluciones o respuestas, sino que, al contrario, termina siendo un efecto distinto al que se busca.
- Supongamos que el día de mañana se comunica con usted el diputado Ignacio García Aresca o el mismo Gabriel Bornoroni que es jefe de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara. ¿Qué les recomendaría antes del tratamiento?
- Primero un abordaje desde el punto de vista de políticas públicas, de prevención. Hoy las cárceles en la provincia de Córdoba, sea para mayores o los lugares para menores de edad, insumen la totalidad y más del impuesto inmobiliario a nivel provincial. Son 1,3 millones de contribuyentes pagan sus impuestos inmobiliarios en la provincia y eso no alcanza para llevar adelante el sistema penitenciario. Entonces el análisis debe ser más superador, un preso en Argentina cuesta 35 mil por día, y toda esa inversión va a estar destinada a algo que no va a tener la respuesta que se busca. Más aun en este gobierno que tiene a la eficiencia y a la austeridad como banderas.
- A ello habría que sumarle una inversión mayor en las cárceles que en muchos casos están saturadas.
- Argentina viene creciendo en un 5% la cantidad de presos por año, más de 170 mil presos en el país, de los cuales hay 17 mil en Córdoba. Todo ese proceso representa una tasa de sobrepoblación carcelaria del 140%, representa condiciones que no son dignas, hacinamiento, imposibilidad propia de la posibilidad de reinsertarse. Todas las penas son temporales, salvo las perpetuas, es decir, quienes hoy están presos mañana no lo estarán y la pregunta es cómo salen a la calle.
