La Corte
Suprema de Justicia dejó firme la sentencia que condena a cinco años de prisión
a Luis María Viaut, ex fiscal federal de San Francisco, por tráfico de
influencias y exacciones ilegales agravadas.
El máximo
tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo
Lorenzetti, rechazó la queja presentada por la defensa, lo que sella el destino
judicial del ex funcionario, quien fue corrido de su cargo en 2023.
Pasaron más
de tres años desde que el fiscal federal de San Francisco fue condenado a cinco
años de prisión por el Tribunal Oral 2 (TOF2) de Córdoba por cobrar dinero para
“frenar” una investigación y por tráfico de influencias. Además, fue
sentenciado al pago de una multa de seis millones de pesos y la inhabilitación
perpetua para ejercer cargos públicos.
Pese a esto
continua en libertad por las calles de la ciudad, ahora solo le restaría ir
contra el Estado argentino a la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
aunque ese recurso no deja sin efecto la firmeza de la condena. Por ende, de no
mediar ninguna novedad o situación de privilegio, el exfuncionario debería
empezar a cumplir su condena en la cárcel.
Un ardid
sistemático
Días atrás
el abogado que llevó querellante que llevó adelante la causa, Juan Alberione,
sostuvo que lo que hacía Luis María Viaut y un empleado de la dependencia,
Darío “Paco” Rivarola, eran carpetazos.
“Fue un
carpetazo el que intentó hacerle al cooperativista de la zona. Darío Rivarola,
asistente de Viaut en 2020 le dijo que era inminente un allanamiento en sus
oficinas por un caso de venta de soja en negro, cuando el productor se dedicaba
a la industria ganadera. Fue un carpetazo que le salió mal”, explicó el abogado
penalista Alberione.
Al mismo
tiempo recordó que el productor rural pudo grabar la conversación y esa fue una
pieza clave en el juicio para demostrar cómo actuaban el fiscal y su
colaborador.
“Quedó
demostrado que esto era un modus operandi, y no fue un hecho aislado. Esto
provocó mucho daño a la población y algunas personas decidieron no hablar
porque se vieron beneficiadas por este accionar de la fiscalía”, comentó.
La causa de
corrupción
En el año
2022 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Córdoba dictó la condena
tras un juicio. Según el expediente, el ex fiscal Luis María Viaut, junto a
Darío Rivarola, empleado de su dependencia, y tres personas más, organizó un
esquema de cobro de sobornos para frenar investigaciones y ejercer presión en causas
de la justicia ordinaria.
La
investigación judicial detalló que, en una causa tramitada en la fiscalía de
San Francisco, Viaut solicitó, por medio de Rivarola, la suma de 2,5 millones
de pesos al gerente y al presidente de la cooperativa tambera Las Cañitas,
ubicada en El Tío, con el objetivo de “cajonear” un expediente y evitar un
procedimiento judicial inminente.
Durante el
proceso, salieron a la luz otros hechos. Víctor Brugnoni se contactó con
Rivarola a través de Walter Gustavo Fattore, Gerardo Panero y el propio Viaut,
con el propósito de que intercedieran en una causa que investigaba delitos
sexuales atribuidos a su hijo. El monto ofrecido, según los registros del
juicio, ascendía a 250.000 dólares, de los cuales efectivamente se entregaron
17.100.
Las penas
impuestas a los implicados reflejaron la gravedad de los cargos, aunque con
diferencias según el grado de participación.
El tribunal
consideró a Rivarola coautor de tráfico de influencias y exacciones ilegales
agravadas, por lo que recibió una condena de tres años de prisión condicional.
Tanto Fattore como Panero fueron ubicados en el rol de partícipes secundarios y
recibieron seis meses de prisión condicional cada uno. En cuanto a Brugnoni, la
sentencia lo encontró responsable de cohecho activo, fijando para él dos años
de prisión.
La
fiscalía, en su alegato, sostuvo que Viaut “abusó de su función pública y de su
posición de poder”, afectando a la Cooperativa Las Cañitas y a la comunidad de
El Tío, y “defraudó las expectativas derivadas de su rol, a su familia, amigos,
colegas, superiores y al sistema de justicia en general”.
Además, se
señaló que Viaut impulsó una estrategia mediática para desprestigiar a la
colega que instruía la causa en su contra. Por estos motivos, el Ministerio
Público había solicitado una pena de siete años de cárcel y una multa de 51.300
dólares, junto con la inhabilitación especial perpetua y el decomiso de los
bienes secuestrados durante los allanamientos.
El fallo
definitivo estableció una condena de cinco años de prisión, una inhabilitación
especial perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de seis millones de
pesos. Hasta el momento todos están libres, pero con esta resolución de la
Corte Suprema de la Nación, Viaut debería ir a la cárcel.
