La
Justicia de Córdoba continúa investigando el accionar de la empresa
constructora Márquez y Asociados,
denunciada por una de
las defraudaciones inmobiliarias más grandes al menos por estos lados y que
tienen entre sus damnificados a varias familias de San Francisco y de la
región.
En
la última semana, los hermanos Ariel.
Pablo y Matías Márquez fueron trasladados desde la cárcel de Bouwer a
Tribunales II, más precisamente a la Fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Enrique Gavier.
Cada
uno fue informado sobre los hechos que se les imputan, bajo la calificación
legal de asociación ilícita y estafas. Al ofrecerles declarar, los tres negaron
los hechos, hicieron manifestaciones en su defensa y no respondieron preguntas.
Pedido
desesperado de los damnificados
Casi
al mismo tiempo, el grupo autoconvocado de familias damnificadas por esta
empresa en San Francisco y la región decidió escribirle una carta abierta al
gobernador Martín Llaryora, para
contarles el duro momento que se encuentran viviendo.
“Nos
dirigimos a usted como máxima autoridad de la Provincia de Córdoba, con el
deber cívico y el derecho constitucional que nos asiste como ciudadanos, para
expresar nuestra profunda preocupación y exigir acciones concretas en relación
con la mega estafa perpetrada por la firma Márquez & Asociados Constructora
Desarrollista., que ha afectado a cientos de familias cordobesas, atentando
gravemente contra su derecho fundamental al acceso a una vivienda digna”,
empiezan diciendo en el escrito.
“Durante
años, esta empresa operó impunemente bajo un aparente marco de legalidad, con
una fuerte presencia mediática y publicitaria, generando confianza en la
población. Sin embargo, hoy son innegables las dimensiones del fraude:
contratos incumplidos, ahorros de vida perdidos, obras paralizadas o inexistentes,
y una vulneración sistemática de derechos que exige una respuesta institucional
a la altura de la gravedad de los hechos”, cuentan.
“Como
Gobernador, usted no sólo representa el Poder Ejecutivo Provincial, sino que
también tiene la responsabilidad de velar por la seguridad jurídica, el orden
público y la tutela de los derechos humanos dentro del territorio cordobés.
Esta situación ha generado un daño económico, emocional y social de gran
magnitud, afectando a familias trabajadoras que confiaron en un sistema que, en
lugar de protegerlas, las dejó desamparadas”, agregan.
Ante
ello, estas familias solicitan a la Provincia:
1.
Se conforme una mesa interinstitucional de emergencia, con participación del
Poder Judicial, la Legislatura, organismos de defensa del consumidor y
representantes de damnificados, para abordar de manera integral las
consecuencias de esta estafa.
2.
Se brinde patrocinio jurídico gratuito a las víctimas, a través del
asesoramiento letrado provincial y/o convenios con universidades.
3.
Se promueva la investigación administrativa correspondiente para determinar si
existieron omisiones o complicidades por parte de organismos provinciales en el
control de la actividad de esta firma.
4.
Se articulen medidas reparatorias o compensatorias, a través de herramientas
estatales o fondos específicos, que permitan paliar el daño sufrido por las
familias estafadas.
5.
Se garantice el derecho al acceso a la vivienda, impulsando proyectos
alternativos, con prioridad para los damnificados, que les permitan reconstruir
su proyecto de vida.
“Estamos
ante un caso que trasciende lo judicial: se trata de una crisis de confianza en
las instituciones. Por eso apelamos a su liderazgo y a su compromiso con los
derechos de los cordobeses. Porque callar o mirar hacia otro lado sería
convalidar lo sucedido. Y Córdoba necesita un Estado presente, que no permita
que la impunidad se consolide”, cierran su comunicado.
