El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, firmó el proyecto
de Ley Antibúnker y Antiaguantaderos destinado a dotar al Estado de una
herramienta legal específica para intervenir sobre inmuebles utilizados para
actividades delictivas o que, por su estado de abandono, representen un riesgo
para la seguridad pública y la convivencia ciudadana.
La iniciativa establece un régimen
administrativo y judicial que permitirá actuar de manera rápida, coordinada y
proporcional sobre bienes que funcionen como búnkeres de venta de drogas,
aguantaderos o guaridas del delito, así como sobre inmuebles abandonados,
desocupados o en estado de deterioro que faciliten la comisión de ilícitos o
generen situaciones de peligro para la comunidad.
“El proyecto prevé un procedimiento de
intervención temprana, con actas de constatación, informes técnicos,
resoluciones fundadas y la posibilidad de adoptar medidas preventivas como el
cerramiento, tapeado, clausura provisoria, bloqueo de accesos, custodia o
aseguramiento de los inmuebles, siempre respetando el debido proceso y las
competencias judiciales”, explicaron desde el Ejecutivo Provincial.
A la vez, agregaron que cuando la complejidad
del caso lo requiera, especialmente en situaciones vinculadas al narcotráfico,
será la Justicia la que podrá ordenar medidas de mayor alcance, como desalojos,
demolición de construcciones utilizadas para la comercialización de drogas o la
restitución de inmuebles a sus legítimos propietarios.
“La propuesta también fortalece el combate al
narcotráfico mediante la creación de un esquema específico para que los bienes
decomisados y los recursos provenientes de esas causas sean reinvertidos en la
lucha contra ese delito”, expresaron.
En ese marco, el 60 por ciento de los fondos
obtenidos será destinado al fortalecimiento operativo, tecnológico, logístico y
de equipamiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), mientras que el
40 por ciento restante financiará programas y políticas públicas impulsadas por
el Ministerio de Justicia y Trabajo para la prevención y el abordaje del
narcotráfico.
Además, el proyecto crea la Unidad
Interagencial de Bienes Intervenidos y el Registro Provincial de Bienes
Intervenidos, organismos que permitirán coordinar las acciones entre el
Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial
Antinarcotráfico, el Ministerio de Justicia y Trabajo, la Policía de Córdoba y
los municipios y comunas.
La iniciativa también invita a los gobiernos
locales a adherir al nuevo régimen y a celebrar convenios de cooperación para
ejecutar las intervenciones en el territorio, fortaleciendo el trabajo conjunto
en la recuperación de espacios utilizados por organizaciones delictivas.
“Con esta propuesta, el Gobierno de Córdoba
busca brindar una respuesta integral frente a inmuebles que favorecen la
inseguridad y el narcotráfico, recuperando esos espacios para los vecinos y
fortaleciendo la presencia del Estado en los barrios”, indicaron desde la
Provincia.
